Mientras el Gobierno prepara indicaciones para la reforma previsional, distintos actores están dando a conocer sus propuestas para reformar el sistema de pensiones.
En esa misión estuvieron el decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, y el economista y académico de la misma casa de estudios, Bernardo Fontaine.
A través de un documento, propusieron una ley corta para aspectos urgentes del sistema y una comisión experta para temas de mayor análisis.
En materia de competencia, una de las propuestas es que ningún actor administre directamente más de 25% del total de los recursos acumulados en los fondos de pensiones.
En el caso de la ley corta, apuntaron a subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 220 mil para todos los beneficiarios (con un costo de 0,12% del PIB en el momento de mayor gasto); alza paulatina -en 12 años- de 6% de cotización adicional a cuentas individuales; mayor competencia en la industria de administradores; creación de un administrador estatal que compita bajo las mismas reglas con los privados; y “premio y castigo”, según la rentabilidad de los fondos.
En materia de competencia, plantearon que ningún actor pueda administrar directamente más de 25% del total de los recursos acumulados en los fondos de pensiones, ni tampoco asignarse un número de afiliados que, sumados a los ya existentes, represente un 30% de los cotizantes.
Premio y castigo
En términos de “premio y castigo” por rentabilidad de los fondos, señalan: “Las comisiones que cobren las administradoras (sobre flujo) serán disminuidas en igual porcentaje que baje el valor del tipo de fondo respectivo siempre y cuando la rentabilidad acumulada en cada año calendario resulte negativa”.
Esa menor comisión sería recuperada cuando los fondos hayan recuperado la pérdida o el retorno acumulado sea mayor que cero.
También, propusieron una comisión técnica independiente de 12 expertos designada por el Ejecutivo y el Senado que estudie y proponga eventuales cambios a ciertas materias que, a juicio de los autores, requieren de mayor análisis.
Entre estas temáticas figuran normas para incrementar la competencia; una política de educación previsional; el diseño de nuevas modalidades de pensión como Retiro Programado Colectivo o Mutualizado; inversión en otros instrumentos financieros o cambio en los límites actuales con el objetivo de aspirar a mayores rentabilidades; y políticas y mecanismos que permitan reducir la informalidad e incentivar la cotización.
Edad de jubilación
Además, los académicos plantearon que este comité se encargue de revisar temas que son de amplio debate como la edad de retiro.
Concretamente, señalan que se debe analizar la edad de jubilación mínima y/o establecer requisitos de años mínimos de cotización, determinando parámetros que permitan incrementar la edad de jubilación conforme a la esperanza de vida.
Para el decano de Economía y Gobierno de la USS y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, “el proyecto del Gobierno fracasó. No logró concitar adhesión ciudadana, ni acuerdos políticos ni técnicos” y apuntó a que “no están las condiciones por tanto para una gran reforma, pero sí para dar pasos sensatos que permitan mejorar las pensiones actuales y sobre todo las futuras”.
Por su parte, el economista Bernardo Fontaine -quien también es vocero de “Con Mi Plata No”- criticó que no tiene sentido que los cotizantes entreguen el 6% ó el 4% a solidaridad. “El fondo público rasca donde no pica en el caso de las mujeres mayores de 65 años. Muchísimo más eficaz para ellas sería aumentar la PGU que sí le llega al 90%”.
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