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REGÍSTRATE AQUÍLa titular del Trabajo fue consultada por este tema en la comisión de Constitución del Senado.
Por: Constanza Ramos Taky
Publicado: Viernes 17 de julio de 2020 a las 12:14 hrs.
Este viernes, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se encuentra participando de la comisión de Constitución del Senado, instancia donde se está debatiendo el proyecto para rescatar una parte de los ahorros previsionales.
En la sesión, el presidente de la comisión, el senador Alfonso De Urresti (PS) le consultó sobre Alejandro Charme, quien se desempeñaba como asesor legal del Ministerio del Trabajo y que asumiría como el próximo gerente general de la Asociación de AFP.
"Efectivamente, Alejandro Charme fue asesor del ministerio del Trabajo, desde el 2005. Es una persona que es bastante conocida en el tema previsional. Él renunció el viernes de la semana antepasada, pero entiendo que es un proceso que no está finalizado. Él no ha asumido aun como gerente general. Es un asesor que efectivamente estuvo vinculado al ministerio y que ya terminó su relación con este ministerio", explicó Zaldívar.
Charme es abogado de la Pontificia Universidad Católica. Su nombre se hizo más conocido en la luz pública cuando en diciembre pasado fue escogido para representar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Tribunal Constitucional (TC) por el caso de los requerimientos de dos afiliadas que buscaban rescatar sus ahorros previsionales.
En esa oportunidad, el también exfiscal de la Superintendencia de Pensiones reconoció que no existen "sistemas de pensiones perfectos" y que "la seguridad social siempre limitará el dominio sobre las cotizaciones previsionales".
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
La extitular de Trabajo es partidaria de que el Estado entregue subsidios para apoyar a los sectores que lo requieren, siempre con foco en mujeres y jóvenes, y plantea que el horizonte del gobierno para este año debería ser recuperar al menos 200 mil plazas.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.