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REGÍSTRATE AQUÍAdvirtió que las empresas deben hacer una inversión importante en este ítem.
Por: Constanza Ramos T.
Publicado: Jueves 2 de mayo de 2019 a las 04:00 hrs.
La licitación que abrió la Superintendencia de Pensiones para elaborar un estudio de ciberseguridad aplicable a las AFP y a la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) a objeto de que sea incluido en una futura normativa fue valorada por la industria.
El gerente general de la AFP ProVida, Gregorio Ruiz-Esquide, se refirió a esta iniciativa tras la junta de accionistas de la administradora realizada el martes.
“Todo lo que se haga para tener la mejor regulación en materia de ciberseguridad es importante, es algo que valoramos”, destacó el ejecutivo.
Sin embargo, advirtió que si bien las AFP “tienen que hacer una inversión importante en ciberseguridad para ofrecer las mejores garantías, los reguladores tienen que acompañar con una regulación que sea moderna, que sea transparente y que promueva la seguridad en todas las operaciones”.
En ese sentido, aseguró que acatarán la nueva regulación. “Vamos a cumplir la norma y sentimos que estamos haciendo las inversiones necesarias para tener la mejor seguridad en nuestros sistemas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo sale la nueva normativa y si representa más inversiones, no tenemos problema con eso”, afirmó.
Por último, anunció que están realizando inversiones en distintos ámbitos, como en el sitio web y en las redes de la compañía. “Estamos asegurando que no haya accesos maliciosos y que los computadores de todos los trabajadores tengan los últimos estándares de seguridad”, remarcó.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.