La misión de llegar a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones parecía casi imposible. Sin embargo, las alternativas intermedias que trabajan tanto el Ejecutivo y la oposición, permitirían cumplir el objetivo después de casi una década de intentos fallidos por parte de los últimos gobiernos.
Aunque ha quedado en evidencia que las posiciones frente a la reforma están alejadas entre La Moneda y algunos sectores del Congreso -como Chile Vamos, Republicanos, pero en algunas materias también la DC y el Partido de la Gente-, todos reconocen que es urgente llegar a un acuerdo para hacer cambios al sistema.
El 4 de julio comienza la votación en particular del proyecto en comisión en la Cámara de Diputados. Antes de eso, en la semana distrital, diputados del oficialismo se desplegarán explicando la iniciativa.
Justamente, en esa búsqueda están trabajando los diversos sectores políticos, modelando alternativas para encontrar un término medio que permita hacer cambios al proyecto de ley, que actualmente está en primer trámite constitucional en el Congreso, y que comenzará su votación en particular en la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados a partir del 4 de julio.
Flexibilizar los cambios
La reorganización de la industria, sumado a la distribución del 6% de cotización adicional, es uno de los temas que traba la posibilidad de aprobar la reforma del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo coinciden en que habrá flexibilidad en esta materia.
“Se va a hacer algo en el tema de organización de la industria, pero no como está en el proyecto que se envió al Congreso”, confirmó una de esas fuentes.
En ese contexto, además de dejar de lado las cuentas nocionales -mecanismo del Seguro Social que no cuenta con el apoyo parlamentario que requiere- el Ejecutivo también está estudiando abrirse a otros cambios para darle viabilidad a la reforma.
Conocedores de las tratativas aseguran que, una de las alternativas que se estudian es la eliminación del ingreso por defecto de los cotizantes al Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) que propone la reforma. Así, se resguardaría la libre elección de las personas, una de las “líneas rojas” de la derecha.
La oposición señala que el ingreso por default al IPPA crearía un monopolio estatal ya que la iniciativa del Ejecutivo establece que las personas que no manifiesten explícitamente su preferencia por un Inversor de Pensiones Privado (IPP), verán destinados sus ahorros al gestor público (IPPA).
Lo anterior, genera rechazo en la oposición, donde argumentan que el ente estatal no competiría bajo igualdad de condiciones que los privados.
De hecho, se estima que al menos un 70% de las personas sería destinada por defecto al órgano estatal ya que dada la inercia que presenta su comportamiento en el sistema, haría que dichos cotizantes no se cambien a un actor privado.
Lo detractores de la idea sostienen que la libre elección se vería fuertemente limitada en caso de que se insista con el default.
Con todo, ya han aparecido sobre la mesa alternativas a ese modelo. El diputado de la DC, Alberto Undurraga propuso que el sistema funcione favoreciendo al actor más barato, sin importar si es público o privado.
Una fuente del Ejecutivo estima que probablemente se busque introducir mecanismos que permitan mayor competencia y baja de precios de las AFP, lo que podría darse con un cambio al actual sistema de licitación de afiliados.
Si bien podría abrirse una opción que lleve adelante la reforma sin el mencionado default, de todas maneras habrá cambios en reorganización industrial, aunque más acotados.
Una de las “líneas rojas” del Ejecutivo es separar los giros de administración y pago de pensiones con la inversión de los fondos que hoy hacen las AFP. Por lo tanto, dicha modificación industrial se mantendría tal como lo señala el proyecto de ley.
Estrategias políticas en “hora de definiciones”
Los distintos sectores políticos están buscando la fórmula para conseguir el acuerdo.
Mientras la oposición prepara una propuesta en conjunto, el oficialismo adelantó que llevarán adelante la iniciativa “semana informativa”, que se materializará en la semana distrital, donde parlamentarios se desplegarán en sus zonas para dar a conocer la propuesta de reforma previsional del Gobierno.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, ayer se reunió con parlamentarios del oficialismo. “Va llegando el minuto de las definiciones”, dijo y reiteró que el Ejecutivo tiene la voluntad para encontrar un “buen acuerdo que nos permita cumplir con el objetivo principal de la reforma que es subir el monto de los actuales jubilados, de las futuras generaciones y principalmente de las mujeres de nuestro país”.
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AFP
