Este jueves, la Cámara Baja del Congreso despachó el proyecto de ley corta que amplía la Pensión Garantizada Universal (PGU), extendiendo su cobertura al 90% de la población más vulnerable.
Sin embargo, ayer se conoció un informe sobre los efectos de la iniciativa por parte del Consejo Consultivo Previsional (CCP), que cuestionó el actuar del Ejecutivo respecto de no entregar oportunamente la información de la iniciativa.
“El texto legal que se propone para su debate legislativo contiene una disposición transitoria que no estaba contemplada en el texto preliminar que nos fuera enviado en su oportunidad para realizar el análisis que conforme al mandato legal debemos realizar”.
Consejo consultivo previsional
El informe señala que “sin conocimiento de este consejo, el proyecto de ley fue presentado al Congreso con fecha 29 de diciembre. Más aun, el texto legal que se propone para su debate legislativo, contiene una disposición transitoria que no estaba contemplada en el texto preliminar que nos fuera enviado en su oportunidad para realizar el análisis que conforme al mandato legal y requerimiento de las autoridades debemos realizar”.
Agregaron que “es importante resaltar que las opiniones que el Consejo debe emitir dicen relación con ‘asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario y PGU’. Lo anterior, supone que el consejo debe pronunciarse en los plazos previstos acerca de textos definitivos que se someterán a discusión en el Parlamento”.
Votación de la PGU
Pese a esto, la ampliación de la PGU fue aprobada por la Cámara en general y particular de manera casi unánime con 131 votos a favor y una abstención.
El texto propone “extender el universo de focalización de la PGU desde el subgrupo de la población de 65 años o más a toda la población del país”, con un umbral de corte más alto el beneficio llegará al 90% de los jubilados, corrigiendo la metodología anterior que dejó fuera a muchos eventuales favorecidos.
La iniciativa también establece que el Instituto de Previsión Social (IPS) verificará el cumplimiento de los requisitos de quienes habiendo postulado no accedieron a la PGU o de quienes no postularon, teniendo derecho a hacerlo.
La fluidez de la votación no significa que no haya habido debate, puesto que un grupo de diputados de RN –Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frank Sauerbaum- más la diputada independiente Pamela Jiles insistieron en reingresar en Sala una indicación que establecía que a las mujeres se les comenzaría a pagar la PGU desde los 60 años, cuya admisibilidad fue rechaza.
La titular de Trabajo, Jeannette Jara, espera que con esta ley se incorporen 76 mil nuevos beneficiarios con un gasto fiscal de $ 147.000 millones, en un proceso en que el Gobierno quiere llegar a la universalidad.
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AFP
