Proponen que superintendencias financieras se solventen con cobro de tarifa a regulados

P. Gallardo/ M. Gómez



A días que el Ministerio de Hacienda haga pública la propuesta de reforma a la regulación y supervisión financiera, elaborado por la comisión que presidió el economista Jorge Desormeaux, surgen nuevas revelaciones sobre sus contenidos, que en estos momentos están siendo revisados por las superintendencias del área financiera y el Banco Central.

Entre otros aspectos, el texto plantea modificaciones de carácter integral a las superintendencias financieras en sus gobiernos corporativos, sistemas de designación y remoción de autoridades, remuneraciones, facultades normativas y autonomía presupuestaria.

Es en este último punto donde la Comisión Desormeaux plantea una idea controversial: pasar desde el financiamiento estatal vía aprobación de presupuestos por el Congreso a un financiamiento indirecto de los agentes regulados, mediante el cobro de una tarifa a cada uno de los agentes privados sometidos a supervisión y control.

Este mecanismo, dice el documento, “contrariamente a lo que erróneamente algunos señalan, en nada supone riesgo de captura del regulador por parte de los regulados, toda vez que la tarifa es objetiva y no depende de la voluntad de regulados o reguladores, ni de conductas o circunstancias que estos puedan modificar”.

De hecho, el texto añade que en la medida en que se considere una contraprestación que retribuye el beneficio de una adecuada regulación, una tarifa de este tipo “elude la calificación de impuestos y con ello, el riesgo de inconstitucionalidad de los impuestos afectados a un fin determinado”. Agrega que “de hecho, el precedente de la tarifa bancaria que financia a la Sbif nunca ha sido reprochada en tal sentido”.

Y enfatiza que de este modo, “el costo directo de la regulación no sería de cargo de todos los contribuyentes, sino de aquellos que se desempeñan en los mercados regulados y se benefician directamente de una buena regulación”.




FIjando el monto


Según precisa el informe, la tarifa debería basarse en criterios objetivos (como capital, reservas, utilidades y participación de mercado) “de modo que su cálculo y cobro no conlleven conflictos de interés o riesgo de captura para el regulador”. El monto se definiría y actualizaría cada cinco años y el producto de lo recaudado anualmente se depositaría en una cuenta de financiamiento de la regulación, desde la cual se distribuirían los recursos.

El planteamiento considera también la necesidad que las remuneraciones de los directivos de los organismos supervisores no se enmarquen dentro de la escala de sueldos de la administración pública, sino que sean suficientes para “captar y retener a personal de alta calificación”. Y afirma que asignarle una escala de rentas superior a la del resto de la administración pública “parece políticamente menos viable si ese presupuesto compite con los demás recursos públicos durante el debate del presupuesto”.