Luego de la derrota del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para buscar la inconstitucionalidad del proyecto de los legisladores que permite un tercer retiro de los ahorros previsionales, y que incluye a las rentas vitalicias, la industria aseguradora sigue dando a conocer su rechazo a la iniciativa y los efectos que traerá.
A través de un inserto en medios nacionales, la Asociación de Aseguradoras reiteró que esta medida "significará un impacto inmediato en los ingresos presentes y futuros de los pensionados que lo soliciten, muchos de los cuales pertenecen a los segmentos más vulnerables de la población".
Bajo este escenario, el gremio llamó a las autoridades "a destinar, con el mayor sentido de urgencia, los recursos públicos necesarios para generar una alternativa oportuna al anticipo aprobado".
La industria estimó que así se "evitará reducir los ingresos de los pensionados y afectar su calidad de vida hoy y durante todo el transcurso de sus años restantes".
Sobre los alcances de la ley, el gremio que es presidido por Mario Gazitúa manifestó que cada compañía de seguros "está evaluando tomar acciones y medidas correspondientes para hacer efectivos sus derechos, tal como lo establece el ordenamiento jurídico de nuestro país".
Los primeros reparos
Mientras tanto, las primeras aseguradoras salieron a criticar la ley. A través de un hecho esencial enviado ayer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general de Ohio National Seguros de Vida, Claudio Correa, expresó que para dar cumplimiento a la normativa "a la compañía está obligada a utilizar su patrimonio propio por imposición del legislador, con el consiguiente potencial impacto en la marcha de los negocios sociales".
Correa añadió que "hacemos presente que lo anterior no significa una aceptación de la ley, ni mucho menos una renuncia a reclamar ante las instancias que correspondan el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, como tampoco a someter a revisión de los órganos jurisdiccionales competentes la legalidad y/o constitucionalidad, tanto de los preceptos legales como de los actos administrativos cursados conforme a éstos".
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Quien detalló los efectos en las pensiones fue 4 Life Seguros de Vida. El gerente general de la firma, Mauricio Balbontín, envió un hecho esencial a la CMF en la que primero explicó que los retiros que efectúen los pensionados o sus beneficiarios, "se imputará -directamente- al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado. Por tanto, la pensión mensual de cada pensionado que solicite su retiro bajará en relación a lo actualmente pactado".
Respecto a cómo se encuentra la entidad para enfrentar las solicitudes de retiros, aseguró que "cuentan con liquidez suficiente para hacer frente al pago anticipado que ejerzan los pensionados en virtud de la reforma constitucional referida y que dichos retiros no afectarán la solvencia de la compañía".
No obstante, Balbontín precisó que "una ponderación de los efectos patrimoniales sólo podrá determinarse una vez conocidas las normas que para este efecto dicte la CMF. Asimismo, la referida determinación también estará condicionada respecto de la cantidad de pensionados que ejerzan sus derechos de conformidad con lo establecido en la citada ley".
Penta y Principal se suman
Este viernes, Penta Vida y Principal se sumaron a las quejas que Ohio National y 4 Life hicieron ayer.
El gerente general de la primera, Carlos Celis, indicó en un hecho esencial que el anticipo de rentas vitalicias "producirá un detrimento en el nivel de activos, reservas y flujos futuros de la Compañía, con el consecuente daño patrimonial asociado. Adicionalmente, afecta en su esencia, la naturaleza jurídica de los contratos de renta vitalicia y sus inversiones, donde los fondos para hacer los pagos que dispone la Ley, son de propiedad de la Compañía".
Agregaron que, por ahora, no es posible cuantificar los efectos patrimoniales adversos que afectarán a la aseguradora, lo que dependerá, en parte, de las normas reglamentarias que dicte la CMF y de las adecuaciones normativas que deberán realizarse a la regulación actualmente vigente.
Por el lado de Principal, la gerenta general de la firma, María Eugenia Norambuena, acusó que la referencia a la que hace la Ley respecto. a que el pago del anticipo se realizará sobre una "reserva técnica que mantiene el pensionado en la compañía" no es efectiva, ya que señala que que la reserva técnica "en ningún momento es de propiedad del pensionado".
La ejecutiva añadió que la compañía se encuentra con liquidez para realizar los pagos, aunque acusa que el proceso no será inocuo y que están evaluando los impactos patrimoniales que la medida tendrá en lo inmediato y en el futuro.
"Hacemos presente que los impactos patrimoniales que afectarán a la Compañía por el presente anticipo se incrementarían de manera relevante en el caso de potenciales nuevos anticipos que puedan ser aprobados", indicó.
"No estamos de acuerdo ni expresa ni implícitamente con lo señalado en la Ley. La Compañía se reserva todos los derechos que la Legislación Chilena y los Tratados Internacionales aplicables le amparan para proteger sus intereses", agregó Norambuena.
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