Comisión tributaria CPC advierte sobre constitucionalidad de aporte del 1% para regiones

Los empresarios miran de reojo la tramitación de la reforma tributaria, iniciativa que por estos días vive jornadas claves luego de que el lunes se aprobara la integración del sistema impositivo. En la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) han advertido que parte del pobre desempeño que ha mostrado la actividad en los últimos meses se debe al retraso de la tramitación del proyecto impositivo.

La multigremial creó una comisión para analizar la iniciativa, presidida por el socio de Tax Advisors, Christian Blanche, e integrado por expertos como Loreto Pelegrí, Juan Manuel Baraona, Patricio Arrau, Eduardo Torretti y Camila Ramos. Blanche anticipa que el grupo prepara un nuevo análisis de la reforma, con foco en el nuevo aporte del 1% del valor de los activos fijos de los proyectos de inversión sobre US$ 10 millones en favor de las regiones.

- ¿Ve posible que se apruebe la reforma este año?

- Creo que la reforma tributaria será aprobada este año, con las modificaciones que se han acordado entre el Gobierno y la DC. Este partido ha jugado un papel importante en destrabar la posibilidad de integrar la tributación de las empresas y sus dueños, y ha permitido avanzar en la regulación aplicable a las PYME, entre otras materias.

- ¿Se ha desdibujado el objetivo de la reforma?

- El proyecto es muy grande y no solo se sustenta con la integración del sistema. Otro pilar fundamental son las garantías de los contribuyentes, materia en la cual se ha avanzado en forma importante en la comisión de Hacienda. Esperamos que se apruebe la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y se le faculte para representar judicialmente a las personas que no disponen de recursos suficientes para contratar un abogado.

- De los temas que están en debate, ¿cuáles son más necesarios para incentivar el crecimiento y la inversión?

- La integración del sistema tributario es clave. También y de la misma importancia, el establecer un régimen tributario especial para las PYME.

- Al contrario, ¿qué temas son los que más le preocupan?

- Me preocupa que se haya rechazado en la comisión de Hacienda las modificaciones al artículo 64 del Código Tributario, en particular en lo que se refiere a las reorganizaciones empresariales en Chile y en el extranjero.

Por otra parte, existe mucha preocupación respecto de la interpretación que ha efectuado recientemente la Corte Suprema, respecto de la legítima razón de negocios que se requiere para inhibir las facultades de tasación que tiene el SII, negando que las razones familiares o personales sean suficientes. Es indispensable que el Gobierno ponga en discusión este asunto nuevamente en el Senado.

- Como CPC, ¿presentarán una nueva propuesta de ajustes a la reforma tributaria?

- La comisión tributaria de la CPC ha manifestado al Gobierno la necesidad de que exista certeza jurídica en el sistema tributario, para lo cual deben efectuarse una serie de mejoras, como la integración del sistema de tributación de las empresas y sus dueños.

- ¿Qué temas están mirando con mayor atención de los ajustes presentados por el Gobierno a fines de julio?

- Nos preocupa la normativa aplicable para que un gasto que haga la empresa sea aceptado tributariamente. Como se sabe, si este gasto constituye un desembolso de dinero o un retiro de especies, se grava con un impuesto de control de tasa de 40%, salvo que beneficie a un contribuyente de impuesto final, caso en el cual se aplica la tasa del impuesto personal, con un débito adicional de 10%. Estas sanciones son muy fuertes para las empresas y limitan la toma de decisiones.

Con la indicación del Gobierno, se define qué es un gasto necesario, ya que hasta la fecha la ley no lo hace y la jurisprudencia administrativa y judicial interpretan que el gasto sea inevitable, lo que otorga mucha discrecionalidad a la autoridad. La indicación del Gobierno señala que se entiende por “necesarios” aquellos que tengan aptitud de generar rentas, en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Esta definición mejora la defensa del gasto para empresas con fines de lucro, pero no lo permite para el caso de empresas que no persiguen fines de lucro.

En el caso de la contribución para el desarrollo regional, nos preocupa la administración, origen y destino de los recursos recaudados.

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 23 de julio, garantizan recursos para los años comerciales 2021 y 2022 de varios millones de dólares en favor del gobierno regional y comunal, los cuales saldrán de los fondos generales de la nación, en caso que este impuesto no recaude los suficiente.

Si bien esta es una norma práctica, a mi juicio presenta problemas de constitucionalidad, ya que quedan comprometidos fondos que no puede tener un destino determinado, sino que deben ser aprobados mediante la Ley de Presupuestos.