Gobierno alerta al Ministerio Público para que investigue irregularidades en uso de franquicia Sence

En agosto pasado, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) informó que las auditorías que impulsó el Ministerio el Trabajo al sistema de franquicias tributarias arrojaron como resultado serias irregularidades en el uso del beneficio.

A meses de aquello, fuentes ligadas a la cartera confirmaron que el ministro Nicolás Monckeberg ordenó medidas para establecer responsabilidades administrativas, con sumarios en curso y que, incluso, existen denuncias en el Ministerio Público para determinar si en estas acciones existió intención de dolo, encontrándose las diligencias actualmente a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad.

Las investigaciones en curso tienen como finalidad aclarar qué hay detrás de las fallas detectadas en los requisitos de vigencia de los códigos Sence, señalados en la Ley 19.518, y con los problemas relacionados a la autorización de valores franquiciables por sobre los parámetros autorizados por el servicio liderado por Juan Manuel Santa Cruz.

Las irregularidades

Las fallas identificadas tienen relación con el incentivo tributario que permite a las empresas contribuyentes de Primera Categoría descontar del pago de impuestos los gastos relacionados con capacitación y/o evaluación y certificación de competencias laborales, en un monto de hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones imponibles.

Para acceder a este beneficio, lo primero que debe hacer una empresa -o entidad facilitadora de capacitación- es obtener la aprobación y codificación del curso por parte de Sence. Dicho código solo puede ser utilizado por la empresa que lo pidió, en una o más acciones de capacitación, y su vigencia es de cuatro años.

Tras las investigaciones que impulsó la cartera, se caducaron más de 750 códigos que no cumplían los requisitos de vigencia establecidos en la propia ley, pues se les había extendido su vigencia por sobre los cuatro años legales.

Tras detectar esta falla, el servicio impulsó mejoras en el sistema informático en términos de restricciones al sistema, con el objeto de impedir la modificación manual de los plazos de vigencia de los cursos. Se bloquearon perfiles de personas autorizadas para acceder al sistema y efectuar modificaciones. Además, se intensificó la fiscalización por parte de la institución a las organismos técnicos de capacitación (OTEC) que presentan más casos de cursos con vigencia excedida.

Las otras faltas

Fuentes de Trabajo confirmaron que se estudian acciones judiciales para el tratamiento de cerca de 1.000 códigos, sobre los cuales se detectó diferencias en sus valores máximos franquiciables.

Anualmente, el Sence fija valores máximos por hora franquiciable según modalidad de curso, “los cuales, en la práctica, estaban excedidos para una importante cantidad de códigos, lo que produjo que se imputara un valor mayor a las cuentas que administra la franquicia”, comenta una fuente.

Tras las auditorias, el servicio impulsó una serie de sumarios internos para detectar a los responsables y las causas que dieron espacio a dichos problemas. Sin embargo, dichas investigaciones no arrojaron datos certeros. Por ello se decidió recurrir al Ministerio Público.

“Tras los sumarios no se logró determinar ningún responsable aparente ni causa real de todo esto, pero como nos parece que esto es relevante se decidió hacer la denuncia y pedirle a la fiscalía hacer la investigación para poder determinar eventuales responsabilidades en esta materia”, explicó un conocedor del proceso, destacando que dicha institución tiene la potestad de citar a declarar, revisar correos y pedir antecedentes.

Cercanos al servicio explicaron que las fallas detectadas no significan “un perjuicio económico” para la institución. Sin embargo, aseguraron que son problemas que han dañado la efectividad del beneficio de capacitación.