Subtel propone exigencias a telefónicas para subir límite de espectro

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dio inicio ayer a la consulta de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) para aumentar el límite de espectro que las empresas de telecomunicaciones pueden tener, respondiendo a un fallo de la Corte Suprema y con miras a una futura licitación del 5G.

En el documento que se dio a conocer ayer, la autoridad justificó este aumento señalando que el límite de 60 MHz establecido por el máximo tribunal no es suficiente para una compañía, por lo que es necesario su "aumento significativo", aunque también señaló que se necesitaba tener límites fijos, según el tipo de banda, de acuerdo a la propagación de señales y velocidad de transmisión.

Así, la propuesta que se somete a consideración establece techos para bandas bajas, medias-bajas, medias-altas y altas, con caps por operador de 50 MHz, 60 MHz, 80 MHz y 200MHz, respectivamente.

La Subtel precisó que es necesario avanzar hacia una "asignación suficiente, equitativa, homogénea y pro-competitiva" del espectro, que recoja la convergencia tecnológica, tienda al uso más eficiente de las infraestructuras de red y busque tener mecanismos regulatorios que reduzcan la brecha digital.

El organismo precisó que la implementación de los límites deberá contar con una "transición paulatina", para permitir la migración y garantizar el servicio a los usuarios, en los casos que se debe devolver espectro.

Parte de los argumentos para definir los límites propuestos, según la autoridad, es garantizar la competencia a nuevos entrantes, especialmente en las bandas bajas y medias-bajas.

"La empresa incumbente tendrá ventajas en la competencia por el espectro bajo cualquier mecanismo de asignación, pues ya cuenta con inversiones hundidas que son útiles para la explotación del espectro que se asigna", señala el documento.

La autoridad solicitó al tribunal especializado establecer exigencias complementarias para los operadores de telefonía, que a su vez resuelven históricos temas pendientes de la industria.

Entre ellos, dijo que es necesario establecer un roaming nacional obligatorio a incumbentes con cobertura nacional, la obligación de tener ofertas no discriminatorias para Operadores Móviles Virtuales (OMV) aprobadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y con previo informe de la Subtel.

También establece que es necesario fijar un sistema para compartir infraestructura a nivel nacional con otros operadores a precios y en condiciones no discriminatorias e incluir la inversión para incrementar la capacidad de torres existentes, con un mecanismo claro y seguro de compensación.

Otro punto es la vigilancia permanente de la Subtel y la FNE, así como eventuales sanciones a infracciones en las ofertas y contratos de roaming, facilidades y compartición. Las empresas deberán contar con un plan de uso efectivo (real) y eficiente (óptimo) de espectro con vigencia durante la concesión que deberá ser previamente aprobado por la Subtel y su no cumplimiento podría inhabilitarlo para participar en futuras licitaciones, dice el documento.

FNE acusa de colusión a 10 líneas de buses y taxi buses regionales

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra 11 empresas de transporte público urbano de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, operadoras de las 10 líneas de buses y taxi-buses. El organismo acusó a las empresas de ejecutar un acuerdo entre 2003 y 2017 para limitar la cantidad máxima de buses y taxi-buses de su flota, restringiendo, impidiendo y/o entorpeciendo la libre competencia en el mercado del transporte público urbano de pasajeros en Temuco y Padre Las Casas.
La FNE solicitó una multa que va entre las 50 y 220 Unidades Tributarias Anuales (UTA, esto es entre $ 29 millones y $ 126 millones), totalizando 1.870 UTA, equivalentes a $ 1.075 millones y la creación de un manual que desincentiven este tipo de prácticas.
La investigación surgió luego de una denuncia por colusión en el transporte público urbano de pasajeros en Temuco y sus alrededores y arrojó que las acusadas suscribieron ante notario tres protocolos para limitar la cantidad de buses de sus flotas en 2003, 2008 y 2012.