Una nueva legalidad para áreas rurales
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Señora Directora:
Estamos siendo testigos de que durante esta pandemia, un alto porcentaje de la población de Chile está migrando desde la ciudad al campo, por lo cual es urgente planificar. La nueva legalidad que requieren las áreas rurales no va en relación a incorporar más o nuevas normativas para el desarrollo de un proyecto determinado. Vivo en Coyhaique desde hace más de 9 años, y los proyectos borde-lago o rurales se han incrementado exponencialmente.
Esto, sumado a la escasez de delimitaciones, puede significar un impacto negativo en el medioambiente e incluso en sus comunidades. Según un estudio del MINAGRI de 2018, el 20% de la superficie en Chile es urbana, versus el 80% que es rural. Al igual que la primera, la segunda debe contar con una planificación y zonificación acorde a sus requerimientos y realidades (áreas rurales privadas, fiscal, etc.).
Un Plano Regulador de áreas rurales o silvestres, que planifique y zonifique el uso del suelo y norme la subdivisión predial, su uso, e incluso la capacidad de carga, es lo que con urgencia se requiere. No así continuar incorporando nuevas normativas que no solucionan el problema de raíz ni tienen una mirada de largo plazo. Un Plano Regulador no permitiría que un cambio de uso de suelo o un IFC quede a criterio de un Gobierno de turno, sino que a una planificación de largo plazo.
Es de esperar que en adelante podamos ver más proyectos de intervención consciente o de usos mixtos, donde puedan convivir en áreas rurales distintos usos que se beneficien mutuamente.
Mario Anfruns Bustos
Arquitecto
