El doble estándar del Partido Comunista

Justificada preocupación y repudio ha causado la arbitraria detención en Venezuela, del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar. En efecto, éste permanece detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia de ese país en condiciones que pugnan con los derechos humanos y, en particular, el respeto del principio de debido proceso ampliamente amparado en las legislaciones nacionales como en el Derecho Internacional.

La Cancillería chilena ha presentado esta situación al gobierno venezolano, y en un comunicado ha exigido que se haga cargo de esta anómala circunstancia, que se garantice el debido proceso del ciudadano chileno-venezolano y se de conocimiento del lugar de reclusión. El gobierno venezolano, en tanto, ha reaccionado rechazando la petición por constituir un “inadmisible injerencismo”.

Sumándose a dicha posición, el presidente del Partido Comunista, integrante de la coalición de gobierno “Nueva Mayoría” y además presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Guillermo Teiller, ha prevenido al gobierno chileno de condenar a su par venezolano a fin de no incurrir en un acto “arbitrario e injerencista”, contrario al principio de no intervención en asuntos internos de otro país.

La posición del Partido Comunista, además de ser abiertamente contraria a la del gobierno del cual pertenece, es reflejo del constante doble estándar que dicho partido político ha tenido en materia de derechos humanos, donde ha justificado y avalado las más graves violaciones a los derechos humanos cuando ellas han sido cometidas por gobiernos sometidos a regímenes comunistas o afines. Así lo fue con la Unión Soviética, y sus satélites, y así hoy lo es con la situación en países como Corea del Norte, Cuba y, en particular, Venezuela.

Asimismo, la posición del Partido Comunista no responde al estado actual del Derecho Internacional, donde el tema de la protección de los derechos humanos ha dejado de ser un asunto de la jurisdicción interna de los Estados. En efecto, hoy es parte de la regulación internacional y ha sido reconocido en un conjunto de tratados a nivel universal y regional. Como lo ha dicho correctamente, la Cancillería chilena “la promoción y defensa de los derechos humanos no tiene fronteras”. Asimismo, el Derecho Internacional reconoce ampliamente el derecho de un Estado de proteger los derechos de sus nacionales cuando éstos son arbitrariamente vulnerados en país extranjero.

En este contexto, no es extraño el amplio repudio que estas declaraciones del líder comunista han provocado, las cuales son absolutamente incompatibles con nuestra política exterior, de defensa de los derechos humanos.

Dicha política exterior de Estado y la opinión pública ampliamente mayoritaria exige que el gobierno local intensifique la presión respecto del gobierno venezolano en defensa del ciudadano chileno y del respeto de su derecho a un debido proceso. Si a pesar de ello, la situación de indefensión y arbitrariedad de Braulio Jatar continúa, la Cancillería deberá considerar seriamente la aplicación de medidas diplomáticas como la denuncia y presentación de recursos ante instancias internacionales.