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Columnistas

23/09/2016

Economía conductual y políticas públicas

Enrique Manzur Ph.d Vicerrector Económico Universidad de Chile

  • Por Enrique Manzur
    Enrique Manzur

    Enrique Manzur

    En las últimas dos décadas la economía conductual ha realizado significativos aportes para mejorar nuestra comprensión de la manera en que las personas toman sus decisiones y cómo muchas veces su conducta no es consistente con los modelos basados en el supuesto de racionalidad. La evidencia acumulada demuestra que sólo en algunas ocasiones nuestro proceso decisional tiene la lógica, consistencia y objetividad del Vulcano señor Spock, y por el contrario muchas veces se asemeja más al de Homero Simpson: rápido, simple e intuitivo.


    Un avance particularmente importante es la comprobación de que la forma en que se presenta un problema o decisión, el contexto, influye en la elección que se realice, aun cuando las variables de fondo no varíen. Por ejemplo, un médico que debe explicarle a un paciente sobre qué esperar ante una compleja operación puede elegir entre plantearle que: a) al cabo de 5 años el 90% sobrevive o b) al cabo de 5 años el 10% fallece. Si bien ambas alternativas son objetivamente similares resulta evidente que serán percibidas de manera distinta por el paciente. Entendiendo el potencial que tiene la aplicación de la teoría conductual en las políticas públicas, en 2014 el gobierno de Estados Unidos creó el Social and Behavioral Science Team, un grupo interdisciplinario de expertos en ciencias conductuales aplicadas, con el objetivo de utilizar los métodos y resultados de éstas para mejorar las políticas y programas estatales.


    Para entender cómo aplicar esta nueva perspectiva en nuestro país, utilicemos el caso del sistema previsional. Uno de sus problemas es el bajo nivel de involucramiento de los afiliados: la mayoría no sabe cuánto cotiza, la comisión que le cobran ni la rentabilidad que obtienen sus fondos. Una explicación para ello es que en Chile, a diferencia de otros países, las personas evalúan y codifican su remuneración en términos del monto líquido que reciben, tendiendo a ignorar las deducciones que se le realizan a su sueldo bruto. Imagine cómo cambiaría la conducta del trabajador si recibiese su sueldo bruto y fuese su obligación realizar los pagos de las cotizaciones de salud y previsión, ¿cuánto aumentaría su interés en entender a donde van esos recursos, qué rentabilidad obtienen y qué puede hacer para pagar una menor comisión? La respuesta parece evidente.


    Otra área de aplicación es la forma en que se cobran los impuestos; si queremos ciudadanos menos apáticos con la gestión del Estado parece conveniente hacer visible los impuestos que ellos pagan y que permiten financiar el presupuesto fiscal. Aprovechando que el IVA es un impuesto universal, bastaría con desglosar y explicitar su cobro en cada transacción como se hace por ejemplo en Francia o en Estados Unidos. De esta manera, aumentaría significativamente la percepción de las personas respecto a los impuestos pagados y su interés en el buen uso de los mismos.


    Estos ejemplos demuestran la conveniencia de incorporar expertos en ciencias de la conducta en el diseño e implementación de las políticas públicas.

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