Una nueva ley para un Chile más competitivo

Para nuestro Gobierno, el fortalecimiento del sistema de defensa de la libre competencia ha sido una prioridad. La libre competencia es un elemento esencial para lograr mayores niveles de bienestar. Genera beneficios tangibles como empresas más productivas y emprendedores más innovadores, lo cual redunda en que los consumidores puedan acceder a bienes y servicios de mayor calidad y variedad al menor precio posible. Políticas públicas basadas en la competencia constituyen un aspecto de capital importancia para que Chile pueda alcanzar el desarrollo económico y social.

Por ello es que en marzo de 2015 ingresamos al Congreso Nacional un proyecto de ley que propuso dotar a nuestro sistema de nuevas facultades y atributos que lo pusieran a la altura de las jurisdicciones más destacadas en la materia.

Se trató de una propuesta integral. En ella se recogieron las mejores prácticas de la OCDE, así como varias de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos convocada por el Gobierno anterior. Sin lugar a dudas, tras dicho proyecto de ley hubo una mirada país.

Fruto de ello, el proyecto, que ya es ley de la República, fue aprobado en el Congreso con grados altísimos de consenso. Lo anterior refleja la creciente convicción por parte de amplios sectores de la sociedad acerca de la importancia que la libre competencia tiene para el presente y futuro de Chile.

Durante estos meses, la institucionalidad especializada se encuentra implementando una legislación que generará grandes cambios para el sistema de defensa de la libre competencia de nuestro país.

En primer lugar, la colusión dejará de ser un negocio para quienes se apartan de la regla más básica del libre mercado, pues contaremos con sanciones efectivamente disuasivas para las empresas y ejecutivos que se coludan. Se consideran multas con un límite máximo flexible de hasta el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio involucrada en la infracción durante el tiempo que ésta se haya extendido o de hasta el doble del beneficio económico obtenido por el infractor, así como penas de presidio efectivas de a lo menos 1 año, e inhabilidades para ejercer cargos de director o gerente en empresas públicas o privadas o en asociaciones gremiales o profesionales.

Para entender la magnitud de estos cambios es útil recurrir a un caso que ya ha sido fallado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, el llamado “Cartel de los Pollos”. La Fiscalía Nacional Económica estimó que el beneficio económico que obtuvieron las empresas que se coludieron fue de US$ 1.500 millones. ¿Cuánto pagaron en multas las empresas coludidas? En torno a US$ 60 millones. Un buen negocio desde la perspectiva del que se colude. Con la nueva ley la multa máxima podría haber llegado a US$ 3.000 millones. Un cambio enorme que estamos seguros se traducirá en un mejor funcionamiento del mercado.

En segundo lugar, los riesgos anticompetitivos que generan las operaciones de concentración o fusiones podrán ser supervisados de forma oportuna y eficiente y, a su vez, las empresas contarán con la certeza necesaria para desarrollar grandes proyectos de negocios. Para estos efectos, se contempla un control preventivo y obligatorio de fusiones, abordándose una de las deficiencias más patentes que la institucionalidad chilena exhibía cuando se la comparaba con las jurisdicciones extranjeras más destacadas.

En tercer lugar, tendremos cambios fundamentales en la forma en que como país llevamos a cabo la política de competencia. La nueva facultad de estudiar la evolución competitiva de los mercados, permitirá que la Fiscalía Nacional Económica, en forma permanente y con la información adecuada proveniente tanto de agentes privados como de organismos públicos, pueda analizar el grado de competencia existente en los mercados y detectar las fallas que existen al interior de los mismos, efectuando propuestas de política pública para subsanarlas. De esta forma, al igual que las agencias de competencia más destacadas del mundo, la Fiscalía podrá aumentar en forma expansiva su contribución para que podamos contar con mercados cada día más competitivos.

La competencia es un elemento esencial tanto de nuestra estrategia de desarrollo económico como de la construcción de una sociedad de más oportunidades. El nuevo marco institucional en esta materia contribuye a generar condiciones para el desarrollo de mercados donde reine la competencia basada en el mérito y el esfuerzo.