Sentido de urgencia y prioridades correctas

o queda ninguna duda de que la histórica caída de 14% en la actividad económica de abril —que abre proyecciones de una posible contracción del orden de 8% para este año— impone un renovado sentido de urgencia a un acuerdo nacional para ampliar y extender las medidas de emergencia ante la crisis generada por la pandemia.

En una situación tan crítica como la actual y de duración imprevisible, no puede haber espacio para cálculos políticos de corto plazo, y es imperioso que las comisiones del Congreso que discuten con el gobierno las características de los planes de ayuda deben conciliar lo prolijo con lo expedito para que no sea el trámite legislativo lo que dilate medidas muy necesarias.

El gobierno ha planteado tres ejes de un eventual acuerdo para un plan con horizonte de 20 meses —ingresos de las familias; reactivación económica y empleo; contexto fiscal—, que entre otras cosas incluirían medidas para extender el Ingreso Familiar de Emergencia actualmente contemplado hasta julio (con montos decrecientes), así como diversos cambios a la Ley de Protección del Empleo.

Junto con la urgencia, un claro sentido de las prioridades es también fundamental. Así, el Gobierno ha hecho bien en rechazar que la discusión de las medidas de emergencia se amplíe, por ejemplo, a condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), justamente porque no son parte directa de la actual emergencia, y porque algo así implicaría un monto de recursos que con dificultad están disponibles para necesidades más apremiantes. Que esta delicada situación se utilice para impulsar una especie de “nueva agenda social” no sólo dilatará las medidas más urgentes, sino que comprometerá aun más la viabilidad fiscal de mediano y largo plazo que requiere cualquier estrategia de recuperación económica post pandemia.

El desafío consiste en superar esta crisis sin comprometer nuestro progreso futuro.