Tres días, tres interpelaciones, poco en limpio

sta semana, tres ministros de Estado —Trabajo, Salud y Hacienda— concurrieron en días sucesivos al Congreso para responder a las interpelaciones votadas por la oposición parlamentaria, lo que bien podría ser inédito desde el retorno a la democracia. Un despliegue tan intenso de fiscalización del Legislativo se ha justificado en razón de la crisis social, cuya gravedad y prolongación (en especial las expresiones violentas) no dejan de preocupar, sin embargo, es precisamente el actual escenario lo que demanda un mejor uso del tiempo, la energía y los recursos de toda la clase política, tanto en la oposición como en el oficialismo.

La interpelación ministerial busca, en esencia, que los ministros rindan cuentas al Congreso por temas relativos al ejercicio de su cargo, habitualmente en torno a una problemática en particular. Como la acusación constitucional y las comisiones investigadoras —las otras dos herramientas para fiscalizar al Ejecutivo que tiene el Legislativo—, entonces, la interpelación tiene un foco relativamente acotado, a fin de delimitar los márgenes del intercambio y hacerlo más productivo.

Poco de eso se vio esta semana en preguntas que, por su amplitud, exigían pronunciamientos (y juicios de valor) de los ministros sobre la totalidad del sistema de salud o incluso sobre el propio sistema capitalista. En cuanto al contenido, en ninguna de las interpelaciones se percibió un hilo rector conducente, como se habría esperado, a dilucidar asuntos puntuales y urgentes que ayuden a aliviar la conflictividad social.

La ciudadanía queda con la impresión de un ejercicio de retórica política que, si bien esencialmente republicano y democrático, fue también fundamentalmente inocuo en cuanto a sus efectos sobre los problemas que preocupan a los chilenos, y que ese mismo Congreso debe abordar en distintas iniciativas de ley.

Nada de esto contribuye a renovar la mermada confianza de los ciudadanos en sus instituciones de gobierno.