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Editorial

Una polémica que se podía evitar

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uego de dos semanas de controversia, la renuncia de Fernanda Bachelet puso fin al revuelo que causó su nombramiento como agregada comercial en Nueva York. La suya fue una situación incómoda —para ella y para el gobierno— desde que salió a la luz recientemente que ejercía el cargo desde octubre pasado, pues junto con quedar en evidencia que su juventud y falta de experiencia profesional la hacían poco idónea para una responsabilidad como ésa, también quedó expuesta la alta discrecionalidad con que aún se siguen llenando demasiados puestos en el Estado.

Los cuestionamientos vinieron tanto de la oposición como del propio oficialismo ante un nombramiento que ponía en entredicho el compromiso del actual gobierno con la meritocracia, uno de los ejes de su discurso. Muchos consideraron nepotismo el hecho de que la hoy ex agregada compartiera apellido con una ex Presidenta, y fuera hija de un amigo y ex socio del actual Mandatario.

Fue una reacción predecible. Hace menos de un año este gobierno vivió algo similar cuando nombró como embajador en Argentina a un hermano del Presidente Piñera, lo que igualmente generó una crisis —tras una férrea defensa inicial— que hizo caer la designación. Ahora también se defendió la decisión, que incluso llevó a la inédita medida de rebajar el sueldo de otros agregados comerciales ante las críticas por la elevada remuneración que recibía alguien recién salido hace dos años de la universidad (más de $ 10 millones al mes).

Esto último no hace sino agravar el error original, pues parece una admisión implícita de remuneraciones exageradas en el servicio exterior, lo que no puede colegirse de un solo caso, por controvertido que sea, y puede perjudicar injustamente a quienes sí reúnen las condiciones para las tareas que desempeñan.

A días de que cuatro prestigiosos centros de estudios chilenos publicaran un documento sobre la tarea pendiente en modernización del Estado, es claro que aún queda mucho espacio para institucionalizar una gran cantidad de cargos. Las designaciones “a dedo” deben ser la excepción, no una práctica habitual.

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