Votación clave y conducción política

oy tendrá lugar en la Cámara de Diputados una votación clave para definir si avanza al Senado o se detiene el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos acumulados en las cuentas de los afiliados de AFP. Este fue el mecanismo adoptado para obviar el hecho de que se trata de una materia de iniciativa presidencial, de modo que el proyecto ya tiene desde su raíz un serio vicio de constitucionalidad, como han señalado numerosos entendidos, tanto cercanos al oficialismo como a la oposición.

La calidad de los argumentos esgrimidos por los diputados para apoyar la idea ha sido deplorable, desde sostener que el sistema previsional chileno carece de solidaridad (lo que es falso, pues existe un pilar específico con ese fin, como resalta un columnista en esta página), a la manera en que desoyeron todas las advertencias y opiniones expertas sobre el impacto negativo que tendría el retiro del 10% previsional en la deuda pública, el mercado de capitales chilenos y el propio valor de los fondos de pensiones.

Lo más grave es haber ignorado el efecto profundamente regresivo de la iniciativa: quienes con más probabilidad usarán el retiro son los grupos más vulnerables, justamente los que menos tienen ahorrado (por lo que el alivio será necesariamente muy leve y transitorio), y al mismo tiempo los que más arriesgan debilitar sus pensiones futuras. Que esto se haya omitido en el análisis de los partidarios de la medida es del todo injustificable.

Ante este escenario, el Gobierno anuncio ayer nuevas medidas de apoyo a la clase media —entre ellas un bono directo y un crédito estatal— en un intento por detener un proyecto que fue aprobado en general con votos de su propio sector. El real aporte de estos pasos adicionales está abierto a interpretación, pero que el Presidente hablara también de hacer más cambios al sistema de AFP, justamente cuando hay una reforma en curso, parece jugar a favor de los detractores de la capitalización individual, no al revés.

Las señales comunicacionales y políticas no han sido las óptimas en esta segunda fase de alivio para las familias chilenas en pandemia.