El Gobierno socialista autoritario de Venezuela está tomando medidas drásticas contra el uso del mercado negro de dólares en su intento de proteger el bolívar, una moneda en crisis, ante las sanciones estadounidenses y los aranceles "secundarios".
El tipo de cambio paralelo al que se negocia el bolívar venezolano fuera de los canales oficiales subió un 25%, de aproximadamente 80 bolívares por dólar estadounidense a finales de febrero a 104 el miércoles de esta semana, después de que EEUU anunció el endurecimiento de las sanciones contra Caracas, antes de retroceder a 101.
Esto difirió marcadamente del tipo de cambio oficial, que subió de 63 bolívares a 70,59 por dólar estadounidense durante el mismo período. La divergencia ha llevado a Caracas a tomar medidas enérgicas contra los negocios que operan con el tipo de cambio paralelo en un país donde los productos tienen precios minoristas en dólares, pero los clientes pagan en bolívares.
Los negocios minoristas y de servicios en el país sudamericano, rico en petróleo, se enfrentan a auditorías, multas e incluso cierres por vender con el tipo de cambio paralelo. En las últimas dos semanas, los negocios han reportado una aplicación mucho más estricta de las normas vigentes.
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Comerciantes, peluquerías y restaurantes han tenido dificultades para adaptarse a la doble tasa, arriesgándose a recibir fuertes multas por vender con el tipo de cambio paralelo y a sufrir pérdidas en las ventas si no lo hacen.
"Nos arriesgamos a multas que significarían el cierre del negocio, ya que son inasequibles", dijo un comerciante caraqueño, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias del gobierno.
Si los clientes pagan en bolívares, él establece un precio "intermediario" entre las dos tasas, explicó, lo que le permite evitar grandes pérdidas y evitar indicios de haber aplicado el tipo de cambio paralelo prohibido.
Algunas empresas informaron haber utilizado una aplicación de origen desconocido para calcular esta tercera tasa, que el jueves oscilaba entre 80 y 90 bolívares por dólar.
Es probable que la economía venezolana, altamente dependiente del petróleo, se vea afectada a medida que el Gobierno del Presidente estadounidense Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, quien asumió un tercer mandato en enero después de elecciones consideradas fraudulentas.
En las últimas semanas, EEUU ha cancelado licencias individuales que permitían que empresas internacionales como Chevron, Repsol y Eni pudieran hacer negocios con Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal sancionada.
Las empresas tienen hasta el 27 de mayo para reducir sus operaciones, lo que aumenta la presión sobre una economía y una moneda ya golpeadas por las sanciones.
Las finanzas públicas también se vieron amenazadas por el anuncio de Washington el 24 de marzo de "aranceles secundarios" para los países que compren crudo venezolano. Las exportaciones petroleras del país cayeron un 11,5% intermensual en marzo, según un análisis de Reuters sobre datos de envíos, aunque la vicepresidenta Delcy Rodríguez desmintió dicho informe, afirmando que las exportaciones petroleras aumentaron un 8,7%.
Las medidas amenazan la recuperación tentativa de Venezuela tras un colapso en el que el producto interno bruto (PIB) se contrajo tres cuartas partes en los ocho años transcurridos hasta 2021.
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Esa agitación y la intensificación de la represión provocaron la huida de 7,8 millones de venezolanos. Para controlar la hiperinflación, el gobierno adoptó reformas económicas ortodoxas en 2022, que incluyeron una flexibilización de los controles de precios y una reducción del gasto público. Se llevó a cabo una dolarización tácita.
Esos avances se encuentran ahora bajo una fuerte presión, con una inflación que amenaza con alcanzar el 189% este año, según la consultora Ecoanalítica, con sede en Caracas, en parte debido a la agresiva política de Trump hacia Venezuela.
Los analistas estiman que las licencias de exención representaron un valor aproximado de US$ 4.500 millones para el Gobierno de Maduro el año pasado, mientras que Chevron por sí sola invertía unos US$ 200 millones mensuales en el mercado cambiario.
“Lo que el gobierno debería hacer es intentar aprovechar la dolarización informal que existe en Venezuela”, declaró Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica.
“Derogar un impuesto a las transacciones en dólares y permitir de nuevo las transferencias en dólares a los bancos permitiría a la gente usar sus dólares con mayor libertad y ayudaría a aliviar la presión sobre el tipo de cambio”.
Durante su primer mandato, Trump buscó en 2019 la salida de Maduro reconociendo al entonces líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela e imponiendo sanciones de “máxima presión” a la industria petrolera, con escasos resultados.
Luis Vicente León, director de la consultora venezolana Datanálisis, afirmó que las sanciones actuales podrían provocar una contracción del PIB del 3% este año.
“Como siempre con las sanciones, el Gobierno comenzará a adaptarse”, dijo León, y agregó que la administración podría tomar el control de los yacimientos petrolíferos. “Saben cómo vender petróleo en el mercado negro y, lo que es más importante, cómo cobrar”.
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