El Gobierno de Estados Unidos comenzó en marzo a suspender las autorizaciones a las petroleras extranjeras que operan con la estatal venezolana PDVSA y castigó con aranceles secundarios las exportaciones de crudo y gas. Además, dio plazo hasta el 27 de mayo para que las compañías que operan en el país, entre ellas a la estadounidense Chevron, la italiana Eni y la española Repsol, liquiden sus operaciones y exportaciones.
En respuesta, Nicolás Maduro firmó un decreto invocando artículos de la Constitución que le permiten decretar estados de excepción, restringir temporalmente las garantías constitucionales o declarar el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas o acontecimientos que pongan seriamente en peligro la seguridad del país.
A raíz de esto, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves un decreto de estado de emergencia económica que presentó el mandatario, y que según la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, "es para acompañar la producción nacional".
"Los mercados de petróleo impactados y afectados, la caída de los precios del petróleo ya supera, en el caso de nuestro medidor, más del 30% (...) y esto, como decimos nosotros, apenas empieza", afirmó la ministra, quien aclaró que la producción petrolera y gasífera de Venezuela se mantiene.
Rodríguez agregó que las transnacionales petroleras son bienvenidas a trabajar en Venezuela, conforme a las leyes locales.
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En detalle, el decreto faculta a Maduro a dictar las medidas que considere necesarias para garantizar el crecimiento económico, contener la inflación, así como ofrecer un tratamiento especial a los inversionistas, suspender impuestos o establecer mecanismos de sustitución de importaciones, entre otras.
Cabe destacar que Maduro y su Gobierno siempre han rechazado las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, argumentando que son medidas ilegítimas que constituyen una "guerra económica" diseñada para paralizar a Venezuela.
El mandatario y sus aliados han celebrado lo que, según ellos, es la resiliencia del país a pesar de las medidas, aunque históricamente han atribuido algunas dificultades económicas y escasez a estas mismas.
Esta no sería la primera vez que Maduro gobierna bajo un decreto de emergencia. En 2016 firmó uno similar, que fue extendido hasta 2021 bajo el argumento de la imposición de sanciones a Venezuela por parte de Washington.
Con la aprobación de la Asamblea, el decreto debe ser enviado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
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