Con 81 votos a favor y 37 en contra, el Senado italiano dio luz verde al decreto impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni que limita el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia, un mecanismo ampliamente utilizado por los latinoamericanos.
Entre los cambios más relevantes, se elimina la posibilidad de obtener la ciudadanía por línea sanguínea más allá de la segunda generación y se establece un criterio de "autenticidad de vínculo" con Italia.
Una de las enmiendas eliminó la mención del lugar de nacimiento del antepasado, pero se impuso otro requisito: los hijos o nietos mayores de edad podrán tramitar la ciudadanía solo si su ascendiente tenía exclusivamente la ciudadanía italiana al momento de su fallecimiento. Además, quienes estén en el extranjero tendrán la obligación de mantener vínculos reales con el país a lo largo del tiempo, ejerciendo al menos una vez cada 25 años los derechos y deberes de un ciudadano italiano.
Otra enmienda elimina el plazo de prórroga de 36 meses para la resolución de trámites de ciudadanía italiana por naturalización o matrimonio, equiparando todo en los plazos que la norma establece para la ciudadanía iure sanguinis (48 meses).
Al respecto, el canciller italiano, Antonio Tajani, dijo que la aprobación del Senado es muy importante, ya que esta medida "pretende devolver la dignidad y el sentido a un derecho que debe basarse en un vínculo auténtico con Italia, no solo burocrático, sino también cultural, cívico e identitario".
Los países más afectados por este decreto serían Argentina y Brasil. En el primero de estos, el número de reconocimientos de ciudadanía aumentó de 20.000 en 2023 a 30.000 en 2024; mientras que en el segundo se tramitaron 14.000 en 2023 y 20.000 en 2024.
Chile también se vería afectado, pues en el país existen comunidades numerosas de origen italiano. Según datos locales, se estima que alrededor de 750.000 chilenos son de ascendencia italiana, tanto total como parcial.
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¿Qué viene ahora?
El decreto aún debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, y se espera que así sea, ya que el Gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras. El plazo es hasta el 27 de mayo, por lo que hasta ese momento está vigente de forma provisional.
Se espera que el Gobierno utilice el recurso de Fiducia ante la Cámara de Diputados; esto es un procedimiento en el que las normas son consideradas como “voto de confianza”, lo que significa que los legisladores no solo deciden sobre la suerte de la norma, sino también le dicen al Ejecutivo si lo respaldan o no. Este mecanismo se utiliza cada vez con más frecuencia bajo el mandato de Meloni, ya que si bien es una apuesta de alto riesgo, también es una forma de presión a los legisladores de la mayoría oficialista.
"La ciudadanía debe ser un reconocimiento serio y consciente, que se confirma mediante el compromiso. Esta reforma no excluye, sino que responsabiliza. Propone criterios más selectivos y transparentes, capaces de fortalecer la integridad de nuestro sistema y prevenir abusos", dijo Tajani.
La medida también prevé una nueva oficina centralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores para gestionar las solicitudes, por lo que en caso de aprobarse, se desplaza la competencia de los consulados.
Por el momento, quienes tengan el trámite en curso con turnos otorgados antes de la entrada en vigencia, seguirán rigiéndose bajo las reglas anteriores.
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