Tras el anuncio formulado la semana pasada, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso de privatización de AySA con la publicación ayer de un nuevo marco regulatorio que busca allanar el camino para el nuevo modelo de concesión que se planifica para la empresa de servicios de agua potable y cloacas. A eso siguió hoy un nuevo decreto, el 494/2025 que plantea el diseño de esa concesión, con la venta de una parte del paquete de acciones en la Bolsa.
El Estado nacional, que posee el 90% de las acciones, venderá al menos el 51% a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional. El resto, el 39% en su poder, será colocado en bolsas y mercados locales. Otro 10% permanecerá en manos del sindicato.
Si bien el decreto 494/ 2025 fija un cambio en el control accionario, AySA seguirá operando como concesionaria del servicio público, en los términos de la Ley 26.221. De esta forma establece la venta del 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional y del remanente de acciones del 90% que es propiedad hoy del Estado nacional en bolsas y mercados del país. No se prevé un nuevo Programa de Propiedad Participada ni preferencias para trabajadores, aclara el documento.
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A través del decreto 493/2025, el Ejecutivo ya había dado un paso fundamental el martes para reorganizar el régimen legal aplicable al servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el nuevo marco regula se establece un entramado legal que le otorga exclusividad territorial a la futura operadora una vez que se avance en la concesión, así como amplios márgenes para la ejecución de actividades comerciales no reguladas y criterios de rentabilidad comparables con otras actividades privadas.
Con el nuevo marco regulatorio ya activo y un plan de concesión, El Cronista había adelantado que se estipulaba colocar una parte de las acciones en la Bolsa para bloquear cualquier posibilidad de reestatización a futuro.
Uno de los argumentos sobre los que se asienta esta decisión es el déficit de la empresa hasta 2023. No obstante, en 2024 y siempre acorde a datos del Ministerio de Economía, AySA registró un superávit de $ 104.000 millones de pesos argentinos (US$ 82.539 millones).
Un tema aparte a resolver tiene que ver con el achique en la planta de trabajadores y trabajadoras. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, AySA redujo su dotación de personal de 7.799 empleados a 6.222, una poda del 20% según los datos del INDEC. Si bien desde el Gobierno afirman que no será su prioridad acomodar la plantilla a la estructura de la nueva empresa concesionada, fuentes del Gobierno aseguran buscarán la forma de seguir recortando su tamaño.
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Nuevo marco regulatorio de AySA: los ejes principales
Según se define en el artículo 1 del texto anexo al decreto, se declaran "servicio público" y sujetas a regulación las actividades de captación y potabilización de agua cruda, distribución, comercialización de agua potable, recolección, transporte y tratamiento de desagües cloacales, incluidos los efluentes industriales vertidos al sistema.
La declaración legal del carácter de servicio público tiene implicancias directas sobre la obligatoriedad de prestación y sobre el control tarifario, aunque el nuevo marco otorga una mayor flexibilidad a la empresa concesionaria respecto de experiencias previas.
El ámbito de aplicación del servicio, de acuerdo al artículo 3, abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, con posibilidad de expansión sujeta a convenios específicos y la aprobación del Ministerio de Economía. La concesión tendrá "carácter exclusivo dentro del Área Regulada", y su extensión a nuevos territorios dependerá del consentimiento de la propia empresa concesionaria, lo que refuerza el poder de negociación de la futura prestadora.
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