El exPresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue declarado culpable este viernes de los delitos de fraude procesal y soborno, y condenado a 12 años de arresto domiciliario, lo que le convierte en el primer exmandatario de la historia del país declarado culpable en juicio.
Si bien la condena no tiene precedentes en la nación andina, no ocurre lo mismo en la región latinoamericana en general, donde varios exdirigentes han sido condenados penalmente.
Uno de los casos más emblemáticos es el de exPresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue condenada en 2022 por corrupción relacionada con contratos de obras públicas. Hoy está bajo arresto domiciliario en Buenos Aires.
El mes pasado, la Corte Suprema confirmó su sentencia que incluye la prohibición de por vida de ocupar cargos públicos, asestando un duro golpe a la política más prominente del país en décadas. La también exprimera dama de 72 años, gobernó el país trasandino durante dos mandatos, de 2007 a 2015, y actualmente cumple su condena en arresto domiciliario, dada su edad. Ha negado haber cometido delito alguno, alegando persecución política.
El actual Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, es otro de los mandatarios que han pasado por procesos penales. El ahora jefe de Estado del gigante sudamericano se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción del país en una investigación conocida como "Lava Jato". En ella, se reveló que algunos de los políticos y empresarios más poderosos de Brasil estaban implicados en una trama de corrupción de miles de millones de dólares en la petrolera estatal Petrobras.
Lula fue condenado por corrupción y blanqueo de dinero en dos causas penales que le acusaban de aceptar sobornos de empresas constructoras. En ese entonces, se postulaba nuevamente a la presidencia en 2018, pero su oponente, Jair Bolsonaro, ganó las elecciones, mientras que el mandatario cumplió una condena de 580 días de prisión.
Las sentencias fueron anuladas en 2021 cuando el Supremo Tribunal Federal dictaminó que el juez Sergio Moro, que supervisó "Lava Jato" y más tarde se unió al gabinete de Bolsonaro, estaba en contra el líder izquierdista. Lula siempre ha negado las acusaciones.
El jefe de Estado de Brasil que ganó el voto popular tras el fin de la última dictadura militar del país, Fernando Collor de Mello, también fue centro de un escándalo de corrupción a los dos años de su mandato. Lo anterior, lo llevó a su destitución y a la prohibición de ejercer el cargo durante ocho años. Sin embargo, fue absuelto posteriormente.
Décadas después, Collor de Mello fue condenado por aceptar sobornos de una unidad de Petrobras y cumple su condena en arresto domiciliario. El exmandatario, posteriormente elegido senador, había impugnado la condena.
Rafael Correa, quien gobernó Ecuador durante una década a partir de 2007, también fue objeto de la justicia y en 2020, fue declarado culpable y condenado a ocho años de prisión por liderar una red de sobornos que financió a su partido político.
Desde 2017 vive en Bélgica, donde se le concedió asilo político, y mantiene que los cargos son una forma de persecución política. Su exvicepresidente, Jorge Glas, cumple múltiples condenas en Ecuador por corrupción y malversación de fondos.
Mauricio Funes, otrora corresponsal de guerra y exlíder izquierdista de El Salvador, se une a la lista. En 2016, huyó de su país a Nicaragua para evitar enfrentarse a cargos de corrupción por hacer tratos con líderes de pandillas.
Fue condenado en 2023 por la administración del actual Presidente Nayib Bukele y se le acusó también de negociar con grupos como la MS-13. No obstante, Funes murió este año tras una "grave enfermedad crónica".
Antonio Saca, exPresidente de El Salvador, es otro sentenciado. El exmandatario fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de malversar más de US$ 300 millones en fondos públicos durante su mandato entre 2004 y 2009. Actualmente cumple condena en la prisión La Esperanza del país y con dicha sentencia, se convirtió en el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción.
Otto Pérez -expresidente de Guatemala- y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, se vieron obligados a abandonar el cargo antes de tiempo e ingresar a prisión tras un caso de corrupción en el que fueron declarados culpables de asociación ilícita y fraude aduanero.
Las investigaciones los acusaban de dirigir una trama en la que los importadores pagaban sobornos para evitar el pago de derechos de aduana. No obstante, según Pérez, la condena se hizo "sin una sola prueba".
En el caso de Perú, el exPresidente Alejadro Toledo, fue condenado en octubre de 2024 a 20 años y seis meses de prisión por aceptar US$ 35 millones en sobornos de la constructora Odebrecht. Toledo, un economista de 78 años doctorado por la Universidad de Stanford, gobernó la nación entre 2001 y 2006, y al igual que sus homólogos de otros países latinoamericanos, ha negado las acusaciones de blanqueo de dinero y colusión.
A él, se le suma el también expresidente de la nación andina, Ollanta Humala, quien fue condenado a 15 años de prisión en abril de 2025 por blanquear más de US$ 3 millones en fondos ilícitos de campaña procedentes de Odebrecht.
Su mandato se vio eclipsado en gran medida por los grandes escándalos de corrupción por los que finalmente fue condenado. Humala tachó los cargos de persecución política.
Pese a ello, cumple su condena en la misma prisión en la que se encuentran Toledo y el exPresidente Pedro Castillo, que se enfrenta a lo que podría ser una condena de 34 años de prisión por su intento de disolver el Congreso en 2022.
En la misma prisión estuvo también el fallecido Alberto Fujimori, exmandatario peruano encarcelado hasta su liberación en 2023.
El último en la lista es el exPresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en un caso conocido como "Nuevos Negocios". En dicho caso, fue culpado de haber utilizado fondos públicos para comprar un conglomerado de medios de comunicación y así obtener una participación mayoritaria.
Se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá para evitar cumplir su condena antes de que se le concediera asilo en Colombia, donde reside actualmente y sigue manteniendo que es inocente de aquel delito.
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