La Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizaciones sindicales de Bolivia, inició este lunes una huelga nacional contra el decreto gubernamental 5503, que elimina la subvención a los combustibles vigente desde hace más de dos décadas.
Dicha decisión, se da pese a los acuerdos parciales alcanzados por el Gobierno con otros sectores sociales para evitar las medidas de presión.
Según el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, el sindicato no declinará a la huelga, pues "no vamos a negociar al margen de nuestro pueblo”.
El líder rechazó versiones sobre un supuesto pacto “unilateral y oculto” con el Ejecutivo y ratificó marchas y bloqueos que comenzaron a primera hora de la jornada de este lunes.
Argollo calificó el decreto como una medida “arbitraria” que, a su juicio, beneficia a “un sector privilegiado, empresarial y burgués”.
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En ese contexto, llamó a distintos sectores sociales a sumarse a la protesta y aseguró que la movilización no tiene un carácter político, sino reivindicativo.
La paralización fue inicialmente convocada el viernes pasado por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia como un paro “general e indefinido” para exigir la anulación del decreto 5503.
A la medida, se sumaron la COB y sectores de campesinos cocaleros afines al ex Presidente Evo Morales, que terminaron por elevar la tensión social durante el fin de semana.
Sin embargo, pese a que el Gobierno de Rodrigo Paz logró este pasado domingo desactivar parte de la presión tras firmar acuerdos con transportistas de carga de Cochabamba -que aceptaron instalar mesas de trabajo sobre asuntos tributarios y aduaneros y descartaron plegarse al paro-, la presión de algunos sectores continúa.
Según el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, para superar la crisis económica “es necesario trabajar” y que “nadie va a salir de este momento bloqueando”.
El Presidente Paz, se reunió también en la capital con mineros auríferos y juntas vecinales, que resolvieron no sumarse a la huelga.
El decreto 5503, emitido el miércoles, fija nuevos precios para los combustibles: 6,96 pesos bolivianos por litro de gasolina especial, 11 pesos bolivianos para la gasolina premium y 9,80 pesos bolivianos para el diésel. Esto implica incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto a los valores subvencionados que rigieron durante más de 20 años.
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Tanto para el Gobierno como para analistas económicos, el esquema de subsidios se había vuelto insostenible en el actual contexto de crisis fiscal y escasez de divisas. Incluso, el Ejecutvo señaló que mantener la subvención demandaría en 2026 unos US$ 3.500 millones, equivalentes al 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB).
Junto con la eliminación del subsidio, Paz anunció un alza inmediata de 20% del salario mínimo nacional, de 2.750 pesos bolivianos (US$ 398) a 3.300 pesos bolivianos (US$ 477).
El nuevo piso salarial regirá desde el 2 de enero y se mantendrá durante todo 2026. Paz adelantó que a fines del próximo año se abrirá una negociación tripartita para evaluar otro ajuste, con base en la inflación efectiva.
Ahora, la ratificación de la huelga deja al Gobierno ante un escenario de alta conflictividad social en el inicio de la semana, con la incógnita de hasta qué punto los bloqueos afectarán el abastecimiento y la actividad económica, y si el Ejecutivo logrará aislar la protesta o se verá forzado a reabrir una negociación que, por ahora, da por cerrada.
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