De no mediar un anuncio de último momento, la embajada argentina en Caracas podría quedar desde este jueves sin una custodia diplomática que salvaguarde su inmunidad como territorio nacional, más alá de que legalmente no pierde ese estatus como un enclave nacional en el suelo de Venezuela.
La decisión del Gobierno de Brasil de abandonar su rol como país protector de la delegación argentina, sin que la Cancillería haya informado aún el traspaso de esa función a un tercer Estado, abre un escenario de alta sensibilidad política y diplomática. Todo esto ocurre en pleno proceso de acercamiento entre Washington y el Palacio de Miraflores y mientras se define la situación de decenas de detenidos, entre ellos ciudadanos argentinos.
El jueves pasado, el gobierno brasileño notificó formalmente a la Cancillería que dejaría de representar los intereses argentinos en Caracas. Esa función incluía mantener una presencia diplomática activa en el edificio, custodiar sus bienes y oficiar como interlocutor ante los canales institucionales que el gobierno de Javier Milei decidió cerrar con la entonces administración de Nicolás Maduro tras la ruptura de relaciones bilaterales hace casi un año y medio.
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En la comunicación oficial, Brasil informó que cesaría en sus funciones en el plazo de una semana. Ese lapso se cumple hoy, jueves 15 de enero, y hasta anoche no se había recibido una notificación formal sobre el traspaso de esas responsabilidades a otro país con representación en Venezuela. Tampoco hubo, según pudo reconstruir El Cronista, un pedido de prórroga para que Brasil extendiera su rol de custodia.
La decisión de Luiz Inácio Lula da Silva de dar marcha atrás con el compromiso asumido generó malestar en la Casa Rosada. Tal como consignó este medio durante la semana, fuentes del Gobierno lo interpretaron como “una nueva señal donde se muestra que Lula pondera sus anteojeras ideológicas antes que el bienestar de la región”.
Desde Brasil, en cambio, voceros de la administración del Partido de los Trabajadores vincularon la medida al posicionamiento del gobierno de Milei a favor de la operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Brasil, al igual que México, Colombia y Uruguay, condenó la violación del derecho internacional que implicó esa incursión unilateral de la Casa Blanca, a contramano de la Argentina.
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Ese mismo fin de semana, Colombia impulsó una cumbre de cancilleres de la Celac para consensuar una condena regional. Sin embargo, Argentina, junto con otros países alineados con Donald Trump como Ecuador y Perú, bloqueó el acuerdo necesario para emitir un comunicado conjunto. La misma postura adoptó luego Buenos Aires en el Consejo de Seguridad de la ONU y en el Consejo Permanente de la OEA.
Esa distorsión diplomática habría sido determinante para que Brasil abandonara la representación protocolar de Argentina en Caracas, una función que históricamente había asumido en contextos de ruptura, como ocurrió con el Reino Unido tras la Guerra de Malvinas, hasta el restablecimiento de las relaciones bilaterales en los años ’90.
Según trascendió desde la Rosada, el Gobierno siguió de cerca en los últimos días la posibilidad de que Italia asuma ese rol. El interés no es casual: Roma aparece como un actor clave en las gestiones por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela. El embajador italiano en Caracas venía reclamando desde hace meses la liberación de ciudadanos de su país, dos de los cuales recuperaron la libertad esta semana.
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