Cartas

Cartas a la Directora

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Polémica licitación de la Junaeb

Señora Directora:

Respecto de las respuestas entregadas a su medio por el secretario general de Junaeb, señor Jaime Tohá, en el contexto de irregularidades cometidas por la institución que lidera en el proceso de licitación para administrar la BAES 2019-2021, quisiera aclarar lo siguiente.

Esta licitación supone que los proponentes ofertarán sobre la base de señalar la verdad. En este punto, las bases exigían: “Revisar y verificar toda la información y documentación, tomando las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia y vigencia de la misma”, y cuya inobservancia generaba al infractor la inadmisibilidad de su oferta.

Por ello, nos causa extrañeza y decepción que la máxima autoridad de Junaeb tolere una infracción flagrante a las bases, con el argumento de que “no es necesario que las empresas cuenten con contratos comerciales previamente, sino que lo obligatorio es que estén en la puesta en marcha en marzo próximo”, por cuanto avala y permite una evaluación que presenta distorsiones, mejorando la puntuación de quienes informan una inexistente relación comercial con establecimientos comerciales.

Por último, quisiera aclarar que las bases permitían que un proveedor declarara una cantidad de supermercados inferior al mínimo establecido en las bases, para lo que se le otorgaba hasta marzo para que, en el evento de resultar adjudicado, pudiera cumplir con lo que se exige, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que ese plazo fuera para “regularizar” un contrato que a la fecha de presentar la oferta simplemente no existía.

Patricio Dueñas
Gerente General Amipass

Medición del desempeño de las AFP

Señora Directora:

Los cambios que se proponen para el sistema previsional no contemplan mejoras enfocadas en la medición de las habilidades que tienen las AFP para la gestión de sus fondos. Actualmente no existe un parámetro que determine si las rentabilidades generadas son, efectivamente, producto de una buena gestión o si se deben a las condiciones de mercado.

El desempeño de las AFP se mide con respecto al rendimiento promedio entre ellas, lo que penaliza una mala administración. Sin embargo, esto también genera que existan administradoras “líderes”, que invierten en capital humano y recursos para buscar mejores estrategias de inversión, y otras que son “seguidoras”, más preocupadas de replicar los movimientos de las líderes y no de ofrecer fondos más competitivos.

Por lo mismo, es importante contar con una institución externa y autónoma que implemente políticas de inversión bajo las mismas condiciones que tienen las administradoras, y que sirvan como benchmark a su desempeño. Esta medida no sólo aumentaría la competitividad entre las AFP, sino que sería un primer paso para reducir la desconfianza de muchos contribuyentes con el sistema actual.

Lorenzo Reus
Profesor Facultad de Ingeniería y Ciencias U. Adolfo Ibáñez

Judicialización de proyectos inmobiliarios

Señora Directora:

Es legítimo y necesario que se debata sobre la tipología de las edificaciones y sus características funcionales, así como sobre su inserción e impactos en el entorno. Es un proceso natural en una sociedad como la nuestra, que valora crecientemente la calidad de vida en las ciudades. Y es también un aporte para la adaptación de la industria inmobiliaria a esta nueva realidad.

Sin embargo, estimamos necesario hacer dos alcances respecto del título de una nota publicada el viernes pasado y que señala: “Se desata disputa por guetos verticales: inmobiliarias van a la justicia y cuestionan a la Contraloría”.

En primer lugar, lo que algunos llaman guetos verticales es para otros su hogar. Un hogar que es la alternativa que eligieron para vivir y que con toda seguridad ofrece mejores condiciones que todas las demás opciones que tuvieron a la vista. ¿Eso significa que no se debieran cuestionar estas edificaciones? Para nada. Pero quienes usan el citado concepto debieran tener presente que están infringiendo una ofensa gratuita a las personas que allí habitan.

En segundo lugar, lo que están haciendo las inmobiliarias al recurrir a la justicia no es defender una determinada tipología de edificios. De hecho, los proyectos afectados presentan características muy disímiles entre sí. Lo que defienden es un derecho que, según estiman, adquirieron en su oportunidad de acuerdo con las reglas que por acto u omisión definieron no ellas, sino las autoridades competentes.

Como gremio, sostenemos que el estricto respeto a las leyes y normas es intransable. Si estas ya no dan cuenta de un determinado consenso social, pues bien, tendrán que modificarse. Pero mientras existan, son básicas en un doble sentido: como fundamento para el desarrollo de toda la industria inmobiliaria (incluyendo la posibilidad de las personas de financiar una vivienda) y como un mínimo obligatorio a partir del cual esta industria debe ir mejorando sostenidamente sus prácticas, tal como lo estamos promoviendo con fuerza entre nuestros socios.

Patricio Donoso T.
Presidente Cámara Chilena de la Construcción

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