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Alto contrasteDesafíos institucionales y regulatorios en áreas clave
ANA MARÍA MONTOYA Economista, Red Procompetencia, Académica Escuela de Gobierno UAI
Ana María Montoya
En el contexto actual y, ante los retos que enfrenta Chile en crecimiento y desarrollo económico, en agosto se dio a conocer una encuesta elaborada por la Escuela de Gobierno y de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y Red ProCompetencia, realizada a 80 expertos. Su objetivo era aportar en la identificación de los principales desafíos institucionales y regulatorios en sectores que representan una parte significativa del gasto de los hogares, como telecomunicaciones, eléctricidad y salud, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Entre los principales hallazgos destaca el rol fundamental del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), considerados altamente relevantes en todos los mercados evaluados. Incluso sorprende que, en sectores como generación eléctrica, estas autoridades sean percibidas como más influyentes que los reguladores sectoriales tradicionales, como la Comisión Nacional de Energía (CNE).
“En telecomunicaciones, hay coincidencia en la importancia de reformar su diseño para contar con un organismo regulador autónomo y técnico, con visión de largo plazo”.
La encuesta también subraya la necesidad de que las autoridades de competencia revisen procesos de licitación pública estratégicos para el país o que superen ciertos umbrales. Un ejemplo es la licitación de seguros complementarios por parte de Fonasa (MCC), donde la falta de consideración de problemas de competencia en su diseño, tuvo efectos negativos para los usuarios, como evidenció la declaración desierta del proceso.
En telecomunicaciones, los expertos coinciden en la importancia de reformar su diseño institucional para contar con un organismo regulador autónomo y técnico, con visión estratégica de largo plazo. La actual estructura -en que la Subtel depende directamente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones- genera preocupación porque concentra atribuciones regulatorias, de fiscalización, de formulación de políticas y está expuesta a los vaivenes de los ciclos políticos. Este cambio institucional sería clave para asegurar un marco regulatorio robusto que fomente la innovación, la competencia y la inversión sostenida en infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales.
Los resultados también revelan deficiencias significativas en el sistema de tarificación aplicado a industrias caracterizadas por monopolios naturales o empresas dominantes, como la distribución eléctrica, las telecomunicaciones y los servicios sanitarios. Se trata del modelo de “empresa eficiente” utilizado para determinar la remuneración de los activos, que prioriza la minimización de costos de inversión y operación y no resguarda aspectos cruciales como la calidad del servicio y la resiliencia de las redes, un problema que se agudiza en el contexto actual de cambio climático.
Es interesante ver que cuando la academia se reúne con expertos surgen iniciativas con visión de largo plazo. Ad portas de las elecciones, son temas que creemos importante que estén en el radar de las nuevas autoridades.
