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Alto contrasteInfraestructura urbana: un desafío impostergable
CATALINA BINDER Vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Catalina Binder
Chile ha consolidado una sólida red de infraestructura nacional, pero ha descuidado sus ciudades. La fragmentación institucional y los actuales parámetros de evaluación social de proyectos han relegado la infraestructura urbana, un desafío que el próximo Gobierno deberá asumir como prioridad de Estado.
Durante décadas, Chile invirtió de manera sostenida en infraestructura estratégica: carreteras interurbanas, puertos, aeropuertos, hospitales y grandes obras de conectividad nacional. Ese esfuerzo permitió integrar el territorio y fortalecer la competitividad del país. Sin embargo, mientras avanzábamos en grandes ejes nacionales, las ciudades quedaron rezagadas. Hoy, el principal desafío de la infraestructura chilena no está en los megaproyectos, sino en el corazón de nuestras áreas urbanas, que va mucho más allá de calles y veredas.
“No basta con anunciar grandes obras si no se revisan los criterios con que se prioriza. La infraestructura urbana debe ser una prioridad de Estado, con planificación de largo plazo, financiamiento estable y una evaluación que refleje su impacto social”.
La experiencia internacional es clara. Ciudades como París, Copenhague, Barcelona o Melbourne entendieron que la infraestructura urbana es un pilar del desarrollo. Apostaron por transporte público integrado, movilidad activa, infraestructura verde, drenaje urbano moderno y espacios públicos de calidad. No solo por razones ambientales o estéticas, sino porque estos proyectos mejoran productividad, cohesión social y resiliencia frente al cambio climático.
En Chile, las ciudades crecieron rápido y, en muchos casos, de manera desordenada. La expansión urbana no siempre fue acompañada de la infraestructura necesaria, generando barrios periféricos desconectados, insuficiencia de servicios y espacios públicos, alta dependencia del automóvil y sistemas de transporte público permanentemente tensionados
Una de las razones de este rezago está en cómo se priorizan las inversiones. Los actuales parámetros de evaluación social de proyectos tienden a privilegiar variables de corto plazo y mediciones parciales, como flujos vehiculares o ahorros de tiempo promedio, mientras subvaloran beneficios urbanos clave: reducción de desigualdad territorial, accesibilidad universal, calidad del espacio público, resiliencia climática y mejoras en la vida cotidiana. Así, proyectos urbanos de alto impacto social quedan fuera de competencia frente a obras de mayor escala.
A esta limitación se suma la fragmentación institucional. La planificación urbana se reparte entre ministerios, gobiernos regionales y municipios, muchas veces sin coordinación efectiva ni objetivos compartidos. La ciudad, que funciona como un sistema, queda así sin un responsable claro.
El próximo Gobierno enfrenta aquí una decisión estratégica. No bastará con anunciar grandes obras si no se revisan los criterios con que se prioriza la inversión pública. La infraestructura urbana debe convertirse en una prioridad de Estado, con planificación de largo plazo, financiamiento estable, una evaluación que refleje su verdadero impacto social y una gobernanza capaz de articular ministerios, gobiernos regionales y municipios.
Porque el desarrollo no se mide solo por megaproyectos, sino por cómo vivimos en las ciudades donde se concentra la mayor parte de la población. La infraestructura urbana es el gran desafío pendiente. Enfrentarlo es una definición política sobre el tipo de ciudades —y de país— que Chile quiere construir.
