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Alto contrasteLa herencia de política fiscal del Gobierno de Boric
CECILIA CIFUENTES Economista, directora Centro de Estudios Financieros del ESE, UAndes
Cecilia Cifuentes
La discusión de la Ley de Presupuestos 2026 ha sido particularmente trabada y compleja, resultado principalmente de errores en estimaciones de ingresos y prioridades de gasto que se arrastran ya por tres años.
En estas fechas en 2024 se produjo entre los analistas un amplio consenso sobre el excesivo optimismo del Gobierno en la estimación de ingresos, la que se corrigió unos meses después, pero no ocurrió lo mismo con el gasto. El resultado; se estimó en octubre de 2024 un déficit cíclicamente ajustado de 1,1% para 2025, que ahora el Gobierno corrige a un 2,2% del PIB, estimación que mantiene un sesgo optimista en los ingresos.
“La segunda ‘prioridad’ ha sido el gasto en personal, que ha aumentado en muy poco menos que el gasto de la PGU. Inevitable preguntarse dónde está la mejora de los servicios públicos que justifica un aumento tan significativo del pago de sueldos”.
La Ley de Presupuestos 2026 vuelve a estimar ingresos tributarios no mineros optimistas, si con un crecimiento del PIB de 2,5%, supone que la recaudación no minera crecerá un 5,2% real. Aun con esfuerzos para reducir la evasión, esa elasticidad recaudación/PIB no es realista.
¿El problema son los modelos de estimación de ingresos? No parece, lo que ocurre es que se está gastando más allá de las posibilidades efectivas, la necesidad de un ajuste es evidente ¿Cómo hacerlo? El Gobierno ha dicho que no se pueden reducir beneficios sociales, pero, en los hechos se han ajustado, ya que entre enero y septiembre el gasto en subsidios y donaciones ha caído un 1,8% real respecto al mismo período de 2024, lo que equivale a cerca de US$ 380 millones menos en ese ítem. Llama en cambio la atención lo que ocurre con el gasto en personal. Algo se debería estar moderando producto del control en el abuso de licencias médicas, pero acumula un crecimiento real de 7,9%, lo que equivale a US$ 1.000 millones adicionales en estos nueve meses. Lo mismo ocurre con los bienes y servicios (burocracia), que en términos reales aumenta en casi US$ 500 millones.
Si miramos los números en una perspectiva un poco más larga, y comparamos las cifras de gasto fiscal por ítem estimadas para 2025 con el cierre de 2022, luego del ajuste realizado ese año, son las prestaciones previsionales lo que más ha aumentado. En 2025 se gastarían cerca de US$ 3.000 millones más que en 2022, lo que responde principalmente a la PGU y al envejecimiento poblacional. La segunda “prioridad” ha sido el gasto en personal, que ha aumentado en muy poco menos que el gasto de la PGU. Inevitable preguntarse dónde está la mejora de los servicios públicos que justifica un aumento tan significativo del pago de sueldos. Los subsidios, en cambio, han caído en cerca de US$ 2.000 millones. La inversión pública tampoco ha sido prioridad, con un crecimiento muy modesto, de sólo 3,4% en tres años.
Parece evidente entonces que existen espacios de eficiencia importantes. Respecto a 2022, se están gastando cerca de US$ 3.800 millones más en burocracia ¿cuál es la explicación? Y no se trata de reducir gasto, sino principalmente de reasignar hacia dónde es más necesario. El gasto fiscal en orden y seguridad cayó en términos reales entre 2019 y 2024, y dada la situación del país, es evidente la necesidad de entregarle más recursos. Cae también fuertemente el gasto en defensa (21% real). Llama la atención que el ítem que más crece en recursos (luego de vejez) es el de Servicios hospitalarios, sin embargo, las listas de espera crecen en forma equivalente.
En conclusión, el Gobierno que termina nos deja una herencia fiscal compleja, con un déficit estructural cercano a un 2,5% del PIB, explicado en un grado no menor por el deterioro de la gestión pública. Es muy necesario revertirlo, para hacer frente al problema del envejecimiento, de inseguridad pública y del déficit en calidad de educación. No queda otra que alterar las prioridades.
