El Caso Audio-Factop sumó dos nuevos condenados. Este lunes se realizó una nueva audiencia de procedimientos abreviados de la causa, en la que se sentenciaron al exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías, y el patriarca del clan de los Sauer e imputado en la causa, Alberto Sauer.
En la instancia, Sauer fue condenado por el Cuarto Juzgado de Garantía por delitos a la Ley General de Bancos, estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil e infracciones al Código Tributario.
Deberá cumplir una pena de tres años bajo la modalidad de remisión condicional, es decir, que sustituye su cumplimiento en cárcel por la observación y asistencia de Gendarmería en libertad. Además, deberá pagar una multa de poco más de $ 20 millones (25 unidades tributarias) anuales.
A la salida de la audiencia, el persecutor jefe de la Fiscalía Local de Las Condes y encargado del caso, Felipe Sepúlveda, explicó a DF que "esta pena tuvo en consideración las circunstancias personales y particulares del señor Sauer, su avanzada edad y como también que en este caso en concreto hay otras personas que tienen un involucramiento muy relevante en la causa y que todavía continúan como imputados, respecto a los cuales tenemos pretensiones de pena mayores".
Por su parte, Mejías fue condenado por el delito de soborno, tras recibir pagos por poco más de $ 9 millones por parte de Leonarda Villalobos para realizar 982 accesos en los sistemas internos del organismo a información de sociedades vinculadas a imputados como Daniel Sauer y Álvaro Jalaff, entre otros. De acuerdo con la Fiscalía, realizó cuatro eliminaciones de restricciones para emitir facturas a tres sociedades relacionadas al caso, en infracción de sus deberes.
Por lo anterior, el exSII fue sentenciado a una pena de cuatro años de reclusión, la que cumplirá en libertad vigilada. Además, deberá realizar el pago de una multa del monto recibido en beneficio ($ 9,87 millones), la cual saldará en 12 cuotas durante el próximo año.
"La condena es importante, es por el delito de soborno, el que para nosotros reviste particulares relevancia por la gravedad que este contiene, que es, en este caso, haber pagado sumas de dinero funcionarios públicos por ejecutar actos con infracción a los deberes de sus cargos", destacó Sepúlveda.
De esta manera, la causa totaliza cuatro condenados. A Sauer y Mejías, se suman el excontador de los hermanos Jalaff, Marcelo Medina y al exfuncionario de la Tesorería General de la República, Renato Robles.
"Se ha ido asentando, con pronunciamiento jurisdiccional, que lo que hemos estado imputando es efectivo y cierto, porque está avalado con las sentencias condenatorias que hoy día se obtuvieron y las obtenidas en ocasiones anteriores", subrayó el fiscal jefe de Las Condes.
Antonio Jalaff:
Otro de los protagonistas de la audiencia fue el exsocio de Grupo Patio, Antonio Jalaff, imputado en la causa por delitos tributarios, estafa y lavado de activos. Por este último delito fue reformalizado durante la instancia, a raíz de nuevas acusaciones contenidas en una querella ingresada en su contra por Patio.
En detalle, la empresa de la que hasta hace un par de años fue socio, lo acusó de lavado de activos y aseguró que el empresario desvió hacia su persona recursos otorgados por el proyecto Parque Capital a Factop.
Si bien la audiencia tuvo como objetivo, además de la reformalización, discutir un eventual juicio abreviado para Jalaff, el Ministerio Público no propuso el debate por la salida alternativa en la instancia.
Consultado por el cambio de enfoque, Sepúlveda sostuvo que "por ahora no tenemos un acuerdo para poder arribar a un procedimiento abreviado con esta persona". Añadió que la misma situación atraviesa el exPatio, Cristian Menichetti, para quien también se agendó la discusión de su abreviado, pero que finalmente no fue propuesto.
Según pudo corroborar DF, pese a los acercamientos preliminares para llegar a un acuerdo, los querellantes se habrían opuesto a otorgal tal medida a Jalaff. Parte de los argumentos se centrarían a que el empresario no se ha acercado con una propuesta de reparo económico a los denunciantes y víctimas.
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