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Alto contrasteComo Rembrandts en el ático: los costos de esconder la innovación en un cajón
MAXIMILIANO SANTA CRUZ Socio de Santa Cruz IP y ex director de INAPI
Hace pocos días el ministro de Ciencia fijó sus prioridades para los siete meses que restan de la actual administración. Entre ellas, destacó la aprobación de la Ley de Transferencia Tecnológica, proyecto al que el Ejecutivo otorgó suma urgencia. Es una buena señal, pero también una mala: tras cerrar en junio el plazo para presentar indicaciones, el Ejecutivo decidió abrirlo nuevamente.
Muchos entendimos que, pese a sus falencias, las correcciones debían ser acotadas. Sin embargo, junto con indicaciones que recogían el consenso del Senado, se sumaron otras que abordan temas nunca antes discutidos. Eso es retroceder.
“Si una universidad decide no patentar, el proyecto entrega los desarrollos al dominio público. En teoría suena bien, pero en la práctica es un contrasentido: nadie invierte en algo que pertenece a todos”.
El proyecto busca que la investigación financiada con recursos públicos llegue efectivamente a la sociedad. Para ello propone dos mecanismos centrales: eliminar trabas legales que impiden a universidades y académicos crear empresas de base científico-tecnológica (EBCT), y condicionar los fondos públicos a que los resultados de la investigación se conviertan en activos mediante patentes.
El problema es que, si una universidad decide no patentar, el proyecto entrega los desarrollos directamente al dominio público. En teoría suena bien, pero en la práctica es un contrasentido: nadie invierte en algo que pertenece a todos. Así, lo que ocurre es que los contribuyentes financiamos investigaciones cuyos frutos rara vez se materializan en soluciones útiles.
Las cifras son claras. En los últimos años, investigadores de universidades chilenas reportaron cerca de 400 inventos con potencial de patente, pero estas instituciones presentan en promedio menos de 120 solicitudes anuales, concentrándose la mitad en solo cinco universidades. Más de 250 inventos quedan cada año sin protección, en un cajón, sin posibilidad de convertirse en activos aprovechables.
El título de esta columna alude a un libro de 1999 de K. Rivette y D. Kline, sobre cómo las empresas ignoran y no aprovechan el valor oculto de sus innovaciones al no transformarlas en activos, como patentes, o cuando estas se acumulan sin ser utilizadas. Y conviene subrayarlo: esa pérdida corresponde solo al ámbito universitario, porque el proyecto, lamentablemente, se limita a instituciones de educación superior. Si existiera un marco común para todos los fondos públicos de I+D+i, incluidos los que financian a empresas y otras instituciones, muchos más desarrollos podrían rescatarse y convertirse en innovación real.
Precisamente esos inventos podrían ser la base para que los propios investigadores den un paso más: crear las EBCT que el proyecto dice querer fomentar. Y no es un detalle menor: un estudio de la Oficina Europea de Patentes y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, concluye que las startups que solicitan patentes o marcas en etapas tempranas tienen hasta 10,2 veces más probabilidades de atraer financiamiento.
Pero, además, hay un problema estructural que el proyecto no resuelve y que también debiera ser corregido: en Chile existen más de 100 programas de financiamiento para investigación e innovación, dispersos, sin coordinación ni reglas comunes sobre propiedad intelectual. Esto genera duplicaciones, vacíos e incluso contradicciones.
La ley, si se aprueba con estas correcciones, no solo eliminará trabas y sumará incentivos, sino que fijará condiciones claras para que universidades, empresas, investigadores y el Estado obtengan beneficios. Y, sobre todo, para que los chilenos recibamos lo que merecemos: más y mejores respuestas a los problemas de nuestra vida diaria.
