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Alto contrasteDespliegue de la infraestructura digital en Chile
JORGE ATTON EXSUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES
Chile enfrenta una paradoja regulatoria que explica buena parte de la lentitud en el despliegue de infraestructura digital. Mientras el gobierno impulsa reformas para reducir la permisología e incentivar la inversión, algunos órganos administrativos continúan aplicando criterios que producen exactamente el efecto contrario.
El caso del uso compartido de postes para instalar infraestructura de telecomunicaciones es ilustrativo. La legislación chilena ha evolucionado para favorecer la colocalización y el aprovechamiento de infraestructura existente. Sin embargo, interpretaciones administrativas que pretenden equiparar postes de redes de telecomunicaciones con torres monopostes terminan imponiendo exigencias que la propia ley buscó eliminar.
No se trata únicamente de un conflicto jurídico. Es una señal de un problema institucional más profundo. Chile continúa regulando un ecosistema digital convergente mediante estructuras administrativas diseñadas para un mercado de telecomunicaciones propio del siglo pasado. Mientras las redes integran fibra óptica, 5G, centros de datos, inteligencia artificial y sistemas satelitales, la gestión pública permanece fragmentada, con competencias dispersas, criterios inconsistentes y procesos excesivamente largos.
“Chile continúa regulando un ecosistema digital convergente mediante estructuras administrativas diseñadas para un mercado de telecomunicaciones propio del siglo pasado”.
La consecuencia es evidente. Recursos que podrían destinarse a ampliar cobertura, mejorar resiliencia digital o acelerar la innovación, terminan absorbidos por procesos administrativos que agregan escaso valor público.
La experiencia internacional demuestra que la competitividad digital depende de la calidad, tanto de las normas como de su implementación. La mejora regulatoria exige evaluaciones de impacto, criterios técnicos homogéneos, proporcionalidad y una administración alineada con los objetivos definidos por el legislador.
Chile posee ventajas objetivas para consolidarse como el principal hub digital de América Latina. Pero ese liderazgo dependerá de contar con una institucionalidad capaz de aplicar la regulación con certeza jurídica, coherencia técnica y una visión estratégica que entienda que la infraestructura digital constituye hoy un activo esencial para la productividad, la innovación y el crecimiento económico.
En ese contexto, se requieren acciones concretas de política pública. Primero, es urgente establecer criterios regulatorios vinculantes y homogéneos para la interpretación de normas de infraestructura digital, evitando que la discrecionalidad administrativa genere barreras de entrada. Segundo, se debe avanzar hacia una ventanilla única digital para permisos de despliegue de redes, que integre a los distintos organismos sectoriales y reduzca la fragmentación institucional. Tercero, resulta indispensable fortalecer mecanismos de evaluación ex ante y ex post de impacto regulatorio, asegurando que toda nueva exigencia tenga justificación técnica y económica verificable. Finalmente, se requiere una gobernanza digital coordinada a nivel central, que alinee a los reguladores sectoriales con una estrategia país de conectividad e infraestructura digital.
Sin estas reformas, la brecha entre la ambición de modernización y la realidad regulatoria seguirá ampliándose.
