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DF Tax | Impuesto a los súper ricos, impuesto súper tonto

Guillermo Ramírez, diputado UDI de la comisión de Hacienda.

Por: Guillermo Ramírez | Publicado: Jueves 17 de marzo de 2022 a las 04:00 hrs.
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Guillermo Ramírez

Durante la discusión del proyecto sobre exenciones tributarias para el financiamiento de una Pensión Garantizada Universal, la oposición, una vez más, optó por fórmulas que buscan menoscabar nuestra institucionalidad, ingresando una indicación para incorporar un nuevo impuesto al patrimonio, más conocido como "impuesto a los súper ricos". Así, se busca establecer un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, cuyos patrimonios superen los US$ 5 millones o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año. Esta idea no es nueva en la discusión parlamentaria, dado que hace un tiempo atrás estuvo en tramitación un proyecto que, a través de una reforma constitucional, pretendía establecer un impuesto a las grandes fortunas del país, pero éste no prosperó.

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La evidencia comparada es contundente respecto a la escasa recaudación que este tipo de impuestos alcanza, y la imposibilidad de lograr corregir, a través de su imposición, la desigualdad existente. A esto se suma la dificultad de su implementación y fiscalización, demostrando la ineficacia de esta medida. Dentro de los 38 países de la OCDE -que siempre se utiliza como ejemplo para la argumentación de ideas y proyectos, dada su experiencia y realidad económica– sólo tres de ellos mantienen este tipo de impuestos, mientras que otros diez han avanzado hacia su derogación. Esto reafirma los argumentos que dan cuenta de los efectos adversos que genera un impuesto a las grandes riquezas del país.

También llama la atención la tasa con la que se aplicaría el impuesto, consistente en un 1,5% sobre los patrimonios que excedan los US$ 5 millones, la cual es excesiva en comparación con lo que ocurre en otras legislaciones, donde en promedio no supera el 1% del patrimonio, después de aplicar importantes exenciones.

Otra falencia técnica que se ha puesto de manifiesto es la dificultad de dar una definición clara y precisa del patrimonio, para determinar el hecho gravado por este nuevo impuesto. Desde el propio Servicio de Impuestos Internos han señalado que éste no es fácil delimitar, porque existen variados parámetros para identificar las fortunas y no se puede acceder a toda la información al respecto.

A lo anterior se suma la fuga de capitales que este impuesto generaría, justo en un momento de crisis y transformaciones en el que es indispensable atraer -y no espantar- a nuevos inversionistas. La clase política necesita elevar su mirada y entender el escenario de hipercompetitividad mundial por atraer nuevos capitales, y dejar de mirar a Chile como una realidad aislada del resto del planeta.

Nuevamente la hasta el 11 de marzo oposición actúa de forma irresponsable e insiste en políticas que han fracasado rotundamente en otros países, cuyos resultados desastrosos han llevado a su derogación. Nuestro país debe avanzar hacia un acuerdo tributario de largo plazo, que asegure el equilibrio entre la necesaria recaudación y un progreso económico sostenido. La ausencia de cualquiera de estos dos objetivos impedirá alcanzar la anhelada paz social.

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