VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
El reclamo de los bancos contra la Comisión del Mercado Financiero (CMF) debido a la circular que modificó la norma que les prohíbe otorgar créditos a sus propios directores y apoderados generales, viene a sumarse a las exigencias de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, que ya cumple un año de vigencia, y a las que se adoptaron en la reciente jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materia de interlocking. Esta dirección general es positiva para el país, pues Chile ha avanzado decididamente hacia un modelo empresarial más responsable, ético y transparente, y ha elevado los estándares de conducta y rendición de cuentas en la dirección de empresas. Pero si esta aspiración se traduce en una amenaza latente de penalización excesiva, se arriesga debilitar precisamente aquello que se busca fortalecer: la calidad, independencia y creatividad en la toma de decisiones estratégicas.
“No se trata de abogar por un régimen de impunidad o de directorios complacientes. Pero no puede construirse sobre la base de la criminalización sistemática de la función directiva”.
Uno de los cambios más relevantes del nuevo escenario regulatorio ha sido el endurecimiento de la responsabilidad penal de los directores bajo la Ley de Delitos Económicos.
Si bien esta legislación, al incorporar figuras penales por conductas como infracciones a deberes fiduciarios o participación indirecta en ilícitos corporativos, busca cerrar espacios de impunidad, su formulación en el contexto actual de las referidas exigencias normativas corre el riesgo de generar una cultura de temor en lugar de responsabilidad. La amenaza de sanciones penales puede llevar a un comportamiento excesivamente conservador, inhibiendo decisiones legítimas que conllevan riesgos inherentes a un negocio determinado. A su vez, podría desincentivar la participación de profesionales calificados en los órganos de gobierno corporativo, ante la posibilidad de enfrentar consecuencias penales por acciones u omisiones que tal vez se encuentran debidamente desincentivadas por la responsabilidad civil o administrativa que generan.
A esto se suma la reciente jurisprudencia del TDLC, que ha sancionado conductas de interlocking indirecto, es decir, la participación simultánea de una persona en los directorios de empresas no necesariamente competidoras, pero si relacionadas a otras que compiten entre sí.
Aunque el interlocking pueda generar conflictos de interés o facilitar la colusión, su mera existencia no constituye un ilícito per se si no es directo y así lo reconocía históricamente el sistema chileno.
Sin embargo, la nueva interpretación del TDLC parece acercarse a una presunción de ilegalidad o, al menos, de infracción por el solo hecho de compartir directores entre diversos niveles de grupos empresariales, incluso en ausencia de efectos anticompetitivos concretos. Este enfoque rígido y difuso desconoce la realidad de un país con una economía relativamente concentrada, donde los directores experimentados y profesionales muchas veces son requeridos en diversas compañías. El resultado puede ser una artificial escasez de talento disponible para el gobierno corporativo, además de una señal equivocada de desconfianza sistémica.
El desafío, por tanto, es encontrar un justo equilibrio. No se trata de abogar por un régimen de impunidad, o de directorios complacientes. La responsabilidad de los directores debe ser efectiva, exigente y coherente con las mejores prácticas internacionales. Pero no puede construirse sobre la base de la criminalización sistemática de la función directiva ni de interpretaciones que penalicen configuraciones legítimas y eficientes de gobierno corporativo. La ley debe sancionar conductas dolosas, negligentes o abiertamente contrarias al interés social o la competencia, pero debe hacerlo sin asfixiar el espacio para la deliberación, la autonomía y el ejercicio profesional de la dirección empresarial.
En un momento en que Chile requiere confianza, inversión y compromiso ético de su sector privado, es clave avanzar hacia una regulación que promueva una responsabilidad robusta pero razonable, y no una que sustituya el juicio profesional por el temor al castigo. Porque sin espacio para decidir, tampoco hay espacio para liderar.
