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Alto contrasteEl caso WOM: cuando la transparencia se pone a prueba
MARCELO DRAGO AGUIRRE Expresidente del Consejo para la Transparencia
En mayo de 2020 Subtel lanzó los concursos para desplegar la red 5G en Chile, y en febrero de 2021 WOM se adjudicó la mayor parte del espectro, con compromisos ambiciosos: cobertura al 90% de la población y conectividad rural para 366 localidades. En paralelo, ganó cinco macrozonas del proyecto de Fibra Óptica Nacional. Era una oportunidad histórica para reducir la brecha digital.
Cuatro años después, el resultado es muy distinto. Retrasos reiterados, incumplimientos graves y boletas de garantía que no se ejecutaron a tiempo marcan la trayectoria de este proceso. Los datos son elocuentes: cientos de radiobases sin encender, decenas de localidades aún desconectadas y más de US$ 80 millones en garantías que el Estado no hizo efectivas oportunamente. La situación desembocó en un acuerdo extrajudicial anunciado este septiembre, por el cual WOM pagará al fisco US$ 53 millones hasta 2030 y retirará su demanda en el CIADI.
“¿Por qué a unos se les aplica el rigor inmediato y a otros se les abren espacios de flexibilidad? La igualdad ante la ley no puede ser selectiva”.
Lo preocupante no es solo el incumplimiento de una empresa, sino la señal institucional. En la contratación pública, la regla ha sido clara: frente a un incumplimiento, se ejecutan las garantías y luego se discute en tribunales. Aquí se optó por negociar. ¿Por qué a unos se les aplica el rigor inmediato y a otros se les abren espacios de flexibilidad? La igualdad ante la ley no puede ser selectiva.
El Estado debe preguntarse si este tipo de acuerdos sirve al interés público. ¿Fortalece la competencia? ¿Asegura procesos licitatorios futuros más sólidos? ¿Genera confianza en el desarrollo de la infraestructura nacional? ¿O más bien incentiva la sobreoferta especulativa para ganar concursos y luego renegociar condiciones? La respuesta parece evidente. Un perdón anticipado erosiona los incentivos correctos y debilita la fe en la institucionalidad.
Las defensas judiciales gozan de un espacio de reserva de la información destinado a no debilitar la posición del Estado, que se levanta una vez resuelta la controversia judicial. Del mismo modo, la transparencia exige trazabilidad en las decisiones públicas: conocer qué audiencias se realizaron, qué opinó el Consejo de Defensa del Estado, qué conversaciones hubo con los ejecutivos. Nada de eso se ha difundido. La ciudadanía merece explicaciones claras sobre por qué el camino elegido fue la negociación y no la aplicación estricta de las bases.
El precedente que deja este caso es dañino. Envía la equívoca señal de que compromisos con el Estado pueden incumplirse para luego ser renegociados en mejores condiciones. Alimenta la pérdida de confianza en las instituciones y en la seriedad de las licitaciones públicas. Chile ha avanzado en madurez institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero decisiones como esta nos hacen retroceder.
La política pública en telecomunicaciones —y en todos los ámbitos— requiere certezas: reglas claras, iguales para todos y aplicadas sin privilegios. Esa es la base de la competencia sana, de la confianza en el mercado y, sobre todo, del respeto al interés general.
