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Alto contrasteEl verdadero costo de la permisología judicial
KARIN MOORE Coordinadora legal de CLAPES UC
El reciente informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha puesto en evidencia un obstáculo persistente y cada vez más costoso para el desarrollo económico de Chile: la permisología judicial. La creciente judicialización de proyectos estratégicos, particularmente en los tribunales ambientales, está paralizando inversiones clave y debilitando la competitividad del país.
La situación es crítica. En solo un año, la acumulación de causas pendientes ha aumentado un 44%, lo que refleja no tanto un alza descontrolada en las reclamaciones como una preocupante caída en la capacidad del sistema judicial para resolverlas. Los plazos promedio de tramitación han escalado un 49%, alcanzando los 562 días. Este estancamiento no es simplemente una demora; es una verdadera trampa burocrática que deja a proyectos vitales —como los relacionados con agua, energía o infraestructura— en un limbo sin salida. Hoy, hay más de US$ 9.800 millones de inversión detenida por esta ineficiencia, lo que representa no solo un enorme costo económico, sino también una oportunidad desperdiciada para enfrentar desafíos estructurales del país.
“La trampa burocrática deja proyectos vitales en un limbo sin salida. Hoy, hay más de US$ 9.800 millones de inversión detenida por esta ineficiencia, lo que representa un enorme costo económico y una oportunidad desperdiciada”.
Parte del problema radica en la limitada infraestructura judicial. Solo existen tribunales ambientales en tres regiones, lo que genera una sobrecarga difícil de manejar. Esta concentración geográfica, sumada a la escasez de recursos humanos y técnicos, configura un cuello de botella que afecta tanto a grandes conglomerados como a iniciativas locales de alto impacto social. En un país que enfrenta una crisis hídrica, una transición energética urgente y un déficit en infraestructura pública, esta lentitud institucional se vuelve inaceptable.
Más aún, los proyectos de mayor envergadura —aunque representan apenas el 5% del total evaluado— concentran el 20% de la inversión nacional. Su paralización tiene efectos sistémicos. Mientras otros países de la región han abordado este mismo problema con reformas eficaces, Chile persiste en un modelo de tramitación judicial lento e inadaptado, que mina su posición competitiva y retrasa soluciones críticas para el bienestar de la población.
El impacto trasciende lo económico. La judicialización excesiva de proyectos ha empezado a erosionar la confianza de los inversionistas. La combinación de incertidumbre jurídica y demoras injustificadas desalienta tanto la inversión nacional como extranjera. Así, el sistema judicial, que debiese ser un garante del desarrollo equilibrado, se ha transformado en un obstáculo que perpetúa la crisis de permisos y trámites interminables.
La solución no es simple, pero sí impostergable. Chile requiere una reforma integral que refuerce la eficiencia, reduzca los plazos y garantice una tramitación expedita para los proyectos de alto impacto. Esto incluye eficacia institucional, la modernización de los procedimientos y la fijación de tiempos límite con consecuencias reales frente a retrasos injustificados.
Chile no puede permitirse seguir atrapado en un sistema obsoleto que no responde a las necesidades de una economía moderna. Es tiempo asumir que la judicialización de permisos es uno de los principales factores que está frenando el futuro de Chile.
