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Empresa privada 2011: annus horribilis

Este 2011 fue un año complejo para la empresa privada con casos tan bullados como Kodama, La Polar y la eventual colusión en la industria avícola...

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Este 2011 fue un año complejo para la empresa privada con casos tan bullados como Kodama, La Polar y la eventual colusión en la industria avícola. Si bien aún no existen fallos que determinen eventuales culpabilidades y otros están en proceso de evaluación por parte de las autoridades pertinentes, no hay duda que se ha generado un daño a la imagen de la empresa privada como actor social.

Por otra parte, llama la atención la posición poco categórica y hasta tibia que han tenido algunos miembros de la dirigencia empresarial al momento de rechazar y analizar alguno de los hechos ocurridos. Así se han visto prudentes declaraciones y de apoyo a la institucionalidad, pero que están muy lejos de tomar el liderazgo requerido en estos casos. La declaración de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) frente a un procedimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue lamentable, al definirla como un vejamen innecesario a la honra de los empresarios. Es claro que en los tiempos que corren las defensas corporativas no hacen sino potenciar las eventuales dudas que puedan existir.

Hay al menos tres temas de fondo que son relevantes de destacar: Primeramente, nadie es culpable mientras no haya un fallo judicial definitivo que así lo indique, lo que no quiere decir que no podamos ser cuestionados y debamos defendernos. Junto con ello, es importante recalcar que la naturaleza humana genera buenos y malos empresarios, como también, políticos, funcionarios de las Fuerzas Armadas, docentes, ministros, jueces, religiosos, etc. Finalmente, es claro que las defensas corporativas dañan a las instituciones que representan, ya que generan la sensación de que un grupo mayoritario de sus miembros avala los hechos cuestionados.

Pocos dudan de la importancia del área privada como principal creadora de riquezas y empleos a través de generación de productos y servicios para la sociedad. Ese consenso no quiere decir que no podamos distinguir entre buenos y malos empresarios. La crisis subprime nos deja como principal legado los excesos que se cometieron. Este sector se sustenta en mercados transparentes, informados, abiertos y competitivos, y en la conducta ética de sus miembros. Los consumidores son el principal activo de una compañía. Cualquiera que viole esos principios está minando la base misma de su existencia. Por lo tanto, los gremios que los representan no pueden ser tímidos ni políticamente correctos y menos tomar posiciones de defensa corporativistas a la hora de criticar conductas cuestionables, sino por el contrario, deben ser paladines de la defensa de los mercados por sobre las compañías en particular. En caso contrario, perderán toda autoridad para defender el sistema en su conjunto o el sector que representan.

El Serna, la FNE y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) tienen un rol que cumplir en proteger a los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados y lo están haciendo bien. En países más desarrollados existen legislaciones mucho más duras que incluyen, por ejemplo, a los whistleblowers (empleados denunciantes dentro de la empresa que pueden acusar malas prácticas, son protegidos por ley y se les mantiene el sueldo); la Bribery Act en el Reino Unido; y los juicios colectivos que pueden ser iniciados por cualquier ciudadano. Luego hay miles de ojos mirando que la empresa privada cumpla su rol correctamente.

La sociedad actual está definiendo nuevas reglas del juego y los gremios deben liderar el proceso de cambios en el cual se irá evaluando con nuevos estándares cada vez más altos el comportamiento y la transparencia de las compañías. Los empresarios deben actuar con una ética superior, no sólo respetando las leyes sino que el fondo y sentido de las mismas. Deben aceptar ser cuestionados, saber defenderse y salir con la frente en alto cuando corresponda. Nadie pierde su dignidad por ser cuestionado. Dejemos que las instituciones funcionen y no mezclemos a la gran mayoría de los empresarios honestos con hechos deplorables. El deber de accountability social y la transparencia no son monopolio del sector público.

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