¿Externalicemos los informes financieros?
RODRIGO MONTERO Decano de la Facultad de Administración y Negocios Universidad Autónoma de Chile
Los Informes Financieros (IF) elaborados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) constituyen un insumo clave en la discusión de los proyectos de ley que emanan desde el Ejecutivo. Estos informes contienen, en esencia, los impactos en términos de gasto que involucra el proyecto de ley que se envía al Congreso. A veces también consignan ahorros como consecuencia de la iniciativa. Estos documentos, en general breves, salvo contadas excepciones, cuantifican los efectos en términos de gasto fiscal para un periodo de tiempo acotado; usualmente, no se proyectan más allá de cinco a diez años.
De esta forma, es posible tomar en cuenta, al momento de llevar a cabo la discusión del proyecto, cuál será su efecto sobre las finanzas públicas, algo que hoy día resulta particularmente relevante dada la frágil situación fiscal. Claro, no se trata de que estemos al borde del precipicio ni mucho menos –según el más reciente IFP, el balance estructural o balance cíclicamente ajustado será de -2,2% del PIB en 2025, y la deuda cerraría en 43,2% del PIB –, pero lo que ha ocurrido básicamente es que el gasto ha estado creciendo de manera sistemática por sobre los ingresos de la nación. Eso ha tenido un impacto en términos de los niveles de deuda y de los activos financieros del fisco. Ojo con este último aspecto ahora que se están discutiendo los efectos de una posible burbuja en las empresas tecnológicas; la evidencia muestra que las correcciones bruscas en precios de los activos generan cambios también bruscos en variables económicas.
“Necesitamos afinar la puntería de la Dipres, y perfeccionar el sistema mediante el cual estamos proyectando los gastos (y también los ingresos) que irrogan los diferentes proyectos del Ejecutivo”.
Así las cosas, más que el nivel de la deuda hoy lo que preocupa es la pendiente, es decir, la velocidad con que ésta ha ido creciendo en el tiempo. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha mencionado que el nivel prudente de deuda se sitúa en un 45% del PIB, guarismo que estamos cerca de alcanzar.
En este contexto, necesitamos afinar la puntería de la Dipres, y perfeccionar el sistema mediante el cual estamos proyectando los gastos (y también los ingresos) que irrogan los diferentes proyectos del Ejecutivo.
¿Qué hacer? Externalizar los IF a través de alternativas. Primero, extender el foco de acción del CFA y entregarle la potestad de estimar los impactos financieros de los proyectos de ley del Ejecutivo. Contamos ya con una sólida estructura, con profesionales altamente competentes, por lo tanto, tendríamos que simplemente entregarle más atribuciones… y recursos, por cierto.
La segunda opción es mirar el modelo norteamericano, en donde el Congressional Budget Office (CBO) cuantifica los efectos financieros que tienen los proyectos de ley que deben discutir los congresistas. Contar con una oficina de estas características permitiría estimar de manera imparcial los efectos que acarrearían los proyectos de ley, de tal forma de llevar a cabo una votación más informada, considerando de manera más certera los potenciales impactos que éstos puedan tener en la economía y, sobre todo, en las arcas fiscales.
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