VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Fernanda García
Se ha afirmado que existe un consenso político trasversal respecto a la necesidad de reducir la “permisología” para destrabar y permitir las inversiones que Chile, con urgencia, necesita para crecer. Pero cuando la política pública se ejecuta sin convicción, cuando a regañadientes y con desgano se hace propia una retórica que la autoridad siente ajena o incluso desprecia, la incoherencia e ineficacia en la gestión se hacen evidentes.
Este es justamente el caso de lo que ha ocurrido con la autoridad tributaria bajo la administración del gobierno actual. El Servicio de Impuestos Internos (SII), actuando más allá de sus atribuciones o bien torciendo su espíritu, ha desplegado una gestión que denota un afán persecutorio más propio de una fiscalía que de una entidad recaudadora. Ha incurrido sostenidamente, en acciones y procedimientos que erosionan los principios de legalidad, proporcionalidad y buena fe tributaria que han caracterizado por décadas al sistema tributario chileno.
“El SII ha incurrido sostenidamente en acciones y procedimientos que erosionan los principios de legalidad, proporcionalidad y buena fe tributaria que han caracterizado por décadas al sistema tributario chileno”.
Los contribuyentes son los primeros afectados, qué duda cabe. A diario experimentan la vulneración de sus garantías constitucionales, especialmente, su derecho a defensa, frente a un Estado que como sabemos, es juez y parte. El derecho a defensa se torna ilusorio cuando arbitrariamente se cambian criterios tradicionalmente aceptados para la admisibilidad de las reclamaciones. Se aplasta, cuando se masifica el uso de algoritmos cuya operatividad no solo es desconocida para los contribuyentes, sino que además promueve una centralización ineficaz para efectos de la liquidación de impuestos. Se dificulta el inicio y el cierre de actividades, se retardan devoluciones, y se trata con suspicacia hasta la separación de bienes entre cónyuges contribuyentes.
Podemos desgastarnos en discutir qué parte de los problemas de gestión actuales encuentran su origen en la ley 20.780 de 2014, y la virtualización poco satisfactoria de muchas operaciones tributarias. Pero el fondo del asunto no es ese, porque si hubiese convicción y voluntad de corregir lo técnico, en vez de declaraciones públicas de expertos tributarios y contables, existirían mesas de trabajo avanzando en solucionar los aspectos técnicos que lo ameriten.
El problema de fondo en cambio, es uno de convicción. Las autoridades actuales en distintas dimensiones ejercen sus atribuciones legales entorpeciendo y dificultando la actividad económica porque desconfían del emprendimiento y condenan el lucro. Persiguen a quienes buscan trabajar porque acertadamente, “sospechan” que esas personas buscan crecer y tener ingresos que mejoren su calidad de vida y las de sus familias. Aunque se avance en permisología, se retrocede en eficacia tributaria. Aunque se entienda la importancia de la innovación, se desconfía de la educación privada en la que la creatividad florece. Aunque se crea en el intercambio comercial, se dispara en contra de los líderes de nuestros principales socios comerciales como si ese gustito presidencial no fuese demasiado caro para todos los chilenos.
El atropello a las garantías de los contribuyentes los afecta a ellos, lo que ya es suficientemente grave. Pero sabemos que cuando se vulneran garantías, el que sufre es también el Estado de Derecho y su legitimidad. Se afecta nuevamente, la posibilidad de nuestra economía de levantar cabeza. Y, como siempre los más perjudicados, serán los más necesitados a quienes se supone, la política tributaria del Gobierno pretende beneficiar.
