VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Fernanda García
Nadie discute que Chile necesita avanzar hacia un sistema de cuidados que permita a las mujeres trabajar sin cargar solas con el costo de la maternidad. La sala cuna universal es, en este sentido, una bandera justa y largamente esperada. Pero otra cosa muy distinta es convertir esa legítima aspiración en un proyecto ideologizado y financieramente frágil, como el que recién hoy y a meses de terminar su mandato, empuja el Gobierno del Presidente Boric.
En lo que parece ser su sello distintivo, el Gobierno se sirve de la retórica femenina para el logro de dividendos políticos y electorales, al promover una reforma que ignora los avances previos y actúa con tardanza inexcusable, cuando el país enfrenta los peores indicadores de participación laboral femenina desde 2010. El desempleo bordea el 10%, la participación ronda apenas el 53%, y sin embargo el Ejecutivo opta por un diseño que castiga al empleo formal, tensiona a las empresas y ahoga la recuperación de la ocupación femenina. En lugar de corregir brechas, las profundiza.
“Lo que se tramita es una fórmula que reparte costos sin asegurar resultados. El financiamiento a través de un nuevo 0,3% sobre la planilla de remuneraciones es, en rigor, un impuesto encubierto al trabajo formal”.
El discurso oficial promete “igualdad y corresponsabilidad”. En la práctica, lo que se tramita en el Congreso es una fórmula que reparte costos sin asegurar resultados. El financiamiento a través de un nuevo 0,3% sobre la planilla de remuneraciones —aunque parcialmente compensado con fondos de cesantía— es, en rigor, un impuesto encubierto al trabajo formal. Y no hay manera de disfrazarlo de solidaridad cuando se carga sobre las mismas empresas que ya enfrentan la combinación más tóxica posible: menor crecimiento, aumento de costos laborales y una maraña regulatoria que sigue ampliándose. Peor aún: el proyecto delega a una comisión de “expertos” la fijación del monto que el Estado aportará por niño, en lugar de definirlo en la ley. El Congreso legisla a ciegas. ¿Cómo evaluar la sostenibilidad de una política cuyo costo real no se conoce? No hay nada más regresivo que aprobar una promesa vacía que mañana se financiará con más deuda, más impuestos o más frustración.
Tampoco es inocente la exclusión inicial de las salas cuna privadas con autorización de funcionamiento (AF). Al limitar el beneficio solo a establecimientos con reconocimiento oficial (RO), el Ejecutivo no solo discrimina al sector privado, sino que instala la sospecha de una desconfianza ideológica hacia cualquier oferta que no dependa del Estado. Aun cuando luego se promete una certificación exprés, la realidad administrativa hace pensar lo contrario: será un cuello de botella predecible, que terminará reduciendo la cobertura.
A ello se suma la eliminación del bono compensatorio, una decisión tomada con la lógica del dogma y no de la evidencia. El gobierno ignora que la mayoría de las familias que lo recibe no lo hace por comodidad, sino por razones prácticas: distancia, transporte, enfermedades o incompatibilidad de horarios. Suprimirlo sin alternativa funcional no reducirá las brechas, solo trasladará el problema a los hogares.
El proyecto de sala cuna universal ofrece una oportunidad histórica para construir una política de cuidados moderna, plural y sostenible. Pero lo que vemos es un texto que multiplica costos, debilita la libertad de elección y castiga al empleo formal en nombre de una “universalidad” más simbólica que real. De convertirlo en ley bajo estas condiciones, corremos el riesgo de tener un sistema que ni cuida a los niños, ni apoya a las madres, ni alivia a las empresas: un fracaso general.
