Finanzas públicas: entre balances y deseos
ANDRÉS PÉREZ M. ECONOMISTA JEFE PARA LATINOAMÉRICA ITAÚ
Nos acercamos al fin de año, momento oportuno para balances. Considerando que a partir de marzo tendremos una nueva administración, bien vale la pena señalar algunos “deseables” sobre las finanzas públicas, desde mi humilde testera. Acá van mis “two cents”.
Este año volveremos a incumplir la meta de déficit estructural, algo que se advirtió hace tiempo. En 2025 el déficit efectivo acumulado a octubre alcanza a 2,3% del PIB, sobre la proyección oficial (2%). En un contexto de niveles críticos de recursos, esto derivó en emisiones de deuda adicionales (dentro del marco legal), manteniendo la presión alcista en la deuda pública.
“La clave será presentar un plan creíble de mediano plazo para la estabilización de la deuda pública, acompañado de medidas robustas para crecer más de manera sostenida”.
Sin embargo, mirando a 2026, el escenario se vislumbra algo mejor, lo que se refleja en los spreads soberanos. Esperamos una reducción del déficit fiscal efectivo a 1,5% del PIB, el menor desde el superávit de 2022, asumiendo una recuperación de los ingresos y contención del gasto.
Por el lado de los ingresos, la economía debería continuar beneficiándose de los elevados precios del cobre (quizás no tan altos como los actuales, pero mayores en promedio al considerado en la Ley de Presupuestos, en torno a US$ 4,3), así como del mayor dinamismo de la actividad económica.
Nuestro escenario contempla también la pronta implementación, a partir de marzo, de medidas administrativas y mejoras en la gestión de los recursos fiscales. La eventual y deseable aprobación de medidas legislativas permitiría una reducción mayor del gasto, pero en el tiempo.
Aunque el déficit efectivo sea menor en 2026, las necesidades de financiamiento del Gobierno Central seguirán elevadas, por la acumulación de ítems bajo la línea. Así, esperamos que el plan de financiamiento vía deuda en 2026 sea similar al de este año (~US$ 17 mil millones bruto). De dulce y agraz, por cierto.
Y sería deseable la pronta implementación del programa de formadores de mercado para bonos de Tesorería junto a otras medidas que profundicen la liquidez del mercado de renta fija local.
Hay, además, una serie de medidas de comunicación de las finanzas públicas que se pueden implementar rápidamente. Y, por cierto, sería prudente solicitar al FMI una actualización de su informe (2021) sobre transparencia de fiscal.
La ausencia de procesos electorales por dos años y medio debería contribuir a disminuir los niveles de incertidumbre, propiciar un ambiente más favorable para consensos y reducir la presión por gasto con fines electorales.
Medidas que agilicen la aprobación de proyectos de inversión de gran escala podrían tener un mayor impacto sobre la actividad económica (e ingresos fiscales), sin tener que tocar la estructura tributaria o tasas corporativas, algo que debiera evaluarse en su mérito.
Con todo, la clave será presentar un plan creíble de mediano plazo para la estabilización de la deuda pública, acompañado de medidas robustas para crecer más de manera sostenida. De transitar a un círculo virtuoso de mayor crecimiento, empleo, e inversión, apoyado por elevados precios del cobre, deberíamos centrar la discusión en la necesaria recomposición del FEES, desde 1,2% del PIB al nivel sugerido por el FMI de 5% a 7% del PIB.
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