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Alto contrasteHacia una corrección integral del marco tarifario eléctrico
RODRIGO CASTILLO MURILLO Abogado, socio Táctica Legal
En las últimas semanas, la discusión sobre las tarifas eléctricas ha vuelto a poner en evidencia la necesidad de revisar de manera integral los mecanismos de cálculo y fijación que sustentan el sistema tarifario. Los errores detectados en algunos procesos recientes, más que constituir un hecho aislado, invitan a reflexionar sobre la complejidad técnica y la magnitud de las variables que intervienen en la determinación de precios y cargos eléctricos. Se trata de procedimientos que combinan múltiples fuentes de información, proyecciones y metodologías, cuyo nivel de detalle exige una constante actualización y verificación. Lo relevante, por tanto, no es únicamente corregir los ajustes puntuales, sino fortalecer la consistencia general del marco tarifario y su capacidad para reflejar de manera transparente y oportuna los costos reales del sistema.
Esa misma reflexión debe extenderse a las distorsiones regulatorias que, desde hace años, habiendo sido advertidas por las propias autoridades sectoriales y por el Coordinador Eléctrico Nacional, han venido distorsionando fuertemente los costos y el equilibrio económico del sector, particularmente en el régimen de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Este esquema, originalmente concebido para promover la penetración de energías renovables de menor escala, ha derivado en incentivos que no siempre guardan relación con la eficiencia técnica o económica del sistema. En especial, la existencia de un precio estabilizado desvinculado del costo real de la energía ha inducido decisiones de inversión y localización que alteran la señal competitiva y trasladan costos al resto de los participantes del mercado, además de otros efectos como la saturación de redes de distribución que restringen la capacidad de generación propia de consumidores finales.
“El desafío exige abordar las fallas estructurales que distorsionan la formación de precios y la distribución de costos entre los distintos segmentos del sistema. Corregir unas sin atender las otras sería un esfuerzo incompleto”.
Los análisis recientes del Coordinador estiman que este subsidio cruzado entre PMGD y el resto del sistema eléctrico bordea los US$ 350 millones anuales, y que podría alcanzar los US$ 5.000 millones totales al año 2034 si no se adoptan correcciones regulatorias oportunas. Esta situación —que hoy asumen los generadores y clientes libres— se trasladará progresivamente a las tarifas reguladas desde 2027, afectando directamente los precios que pagan consumidores finales. En otras palabras, de no corregirse, el problema dejará de ser sectorial para convertirse en un costo social que tensiona la credibilidad del marco tarifario y de las reglas de competencia definidas en la ley eléctrica bajo la cual diversos generadores renovables licitaron su energía a precios baratos a clientes regulados.
El desafío, entonces, no se limita a ajustar metodologías o corregir errores de cálculo: exige abordar simultáneamente las fallas estructurales que distorsionan la formación de precios y la distribución de costos entre los distintos segmentos del sistema. Corregir unas sin atender las otras sería un esfuerzo incompleto, pues ambas dimensiones comparten una raíz común: la necesidad de asegurar que las tarifas y remuneraciones reflejen con precisión los costos, las condiciones de operación y los principios de neutralidad competitiva que deben guiar el funcionamiento del sector eléctrico.
La oportunidad que abre esta revisión debe ser comprendida en toda su magnitud: más que una respuesta a episodios recientes, constituye un paso necesario hacia una estructura más coherente, predecible y equitativa. Fortalecer el régimen tarifario no es solo un objetivo técnico; es una condición esencial para consolidar la confianza en la regulación y para garantizar que la transición energética de Chile se desarrolle sobre bases estables, transparentes y sostenibles.
