La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca derogar el Artículo N°114 de la Ley de Tránsito, y con ello eliminar la sanción para quienes circulen por autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico de cobro (Tag), generó una fuerte reacción en distintos sectores.
Exautoridades, parlamentarios y especialistas han manifestado preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa. Aunque la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) ya había abordado el tema a través de su presidenta, Gloria Hutt, las grandes empresas del rubro habían mantenido silencio.
Eso cambió el miércoles, cuando el directorio del gremio convocó a una reunión extraordinaria para analizar el avance del proyecto. Se trata de un órgano que, además de su presidenta, Gloria Hutt, está integrado por los vicepresidentes Diego Savino (Grupo Costanera), Andrés Contreras (Isa Vías), Fernando Ruiz de la Torre, en representación de Sacyr, Andrés Barberis por parte de Vías Chile, junto a otros ejecutivos del sector.
Tras la cita, el directorio decidió emitir una declaración que publicó en su página web, en la que advirtió que las consecuencias de la iniciativa son “profundamente negativas” para la sostenibilidad del sistema de asociación público-privada, ya que afecta de “manera grave” la certeza jurídica que sustenta los contratos -tanto vigentes como futuros- y “debilita a Chile como destino de inversiones”.
El gremio agregó que, en un escenario donde la inversión y el crecimiento son prioridades, resulta clave resguardar la estabilidad del modelo de concesiones, que por décadas ha permitido dotar al país de infraestructura moderna, segura y eficiente.
Según planteó el directorio Copsa, el sistema de concesiones ha sido un pilar para el desarrollo económico y social desde su creación, gracias a la estabilidad de las reglas y al compromiso permanente del sector público y privado con proyectos que benefician a la ciudadanía.
“Esperamos que, en las próximas instancias de discusión y revisión del proyecto de ley, se consideren y ponderen en su justo término los perjuicios que generaría en caso de aprobarse. La iniciativa produce señales contradictorias respecto al cumplimiento de los compromisos que caben a cada parte del sistema, lo que termina por debilitar el atractivo de nuevas inversiones”, se desprende de la misiva.
Finalmente, el directorio reiteró su disposición al diálogo para avanzar en mejoras y modernizaciones del sistema, subrayando que el modelo de concesiones ha sido fundamental para el desarrollo del país y que su continuidad exige reglas claras, cumplimiento de responsabilidades y un compromiso conjunto -público y privado- con su sostenibilidad en beneficio de todos.
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