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Alto contraste
Es difícil encontrar una figura que en el último siglo haya ejercido más poder que Donald Trump. De hecho, apenas transcurridos tres meses desde su asunción, muchos ya se están preguntando seriamente cómo frenarlo.
Y es que nuestra relación con el poder es ambigua. Entregamos poder a ciertas personas para que se hagan cargo y resuelvan nuestros problemas y, al mismo tiempo, ponemos límites para que no abusen de él. Eso es la democracia, pero también la relación entre padres e hijos, o entre gerentes generales y directorios. En tiempos críticos, estamos incluso dispuestos a ceder más poder, siempre con la esperanza de recuperarlo después.
“La arremetida en contra de las universidades parece ser una forma oculta de atacar la autonomía institucional y el pluralismo. De ahí la importancia de lo que hizo la Universidad de Harvard, al negarse a cumplir con las exigencias”.
El problema se produce cuando quienes reciben ese poder se deslumbran y comienzan a monopolizarlo, haciendo uso de él para silenciar críticas, debilitar los contrapesos, rodearse de personas leales y perpetuarse. Hitler, Chávez, Putin, Orbán y Erdogan siguieron ese camino, traspasando gradualmente los límites, ante la pasividad -o conveniencia- de los demás, hasta que ya fue demasiado tarde.
Que esto ocurra en EEUU parecería inverosímil, pero las señales son inquietantes. Por un lado está el caos mundial que Trump ha generado con sus aranceles y, por otro, el intento de reconfigurar el país según una visión ideológica excluyente. Lo primero acapara más titulares, pero lo segundo puede resultar más peligroso. Veamos.
Trump y muchos otros políticos –republicanos y demócratas– consideran que no es justo el desbalance comercial que su país tiene con otras naciones y buscan remediarlo a través de la aplicación de aranceles. El modo de hacerlo podrá ser criticado, y con razón, pero el objetivo es pragmático y es una forma de hacer frente a un déficit fiscal que nadie hasta ahora ha podido contener.
Distinto es lo que Trump está haciendo hacia dentro, porque eso de la eficiencia del aparato público parece cada vez más una excusa para deshacerse de agencias y funcionarios que piensan distinto; y la arremetida en contra de las universidades –bajo pretextos de antisemitismo, falta de control migratorio y uso incorrecto de recursos públicos– parece ser una forma oculta de atacar la autonomía institucional y el pluralismo intelectual.
De ahí la importancia de lo que hizo la Universidad de Harvard la semana pasada, al negarse a cumplir con las exigencias impuestas por la administración Trump, que consideraban, entre varias otras cosas, el control sobre la selección de profesores y el contenido académico. Las represalias no se han hecho esperar, e incluyen la suspensión de financiamiento federal, la orden para eliminar su estatus de exención tributaria, y la amenaza de prohibir la admisión de estudiantes internacionales si no se entregan sus expedientes, lo que llevó a Harvard a presentar una demanda judicial este lunes.
Hasta ahora, universidades, compañías y estudios jurídicos habían optado por acomodarse y evitar los costos de un enfrentamiento con Trump y los ideólogos de MAGA. Harvard no siguió ese camino y decidió levantar la voz y asumir los riesgos.
Es difícil exagerar la importancia que esto tiene en el escenario reinante, porque puede marcar un antes y un después, alentando a otros a hacer lo mismo. Cuando una universidad decide que la libertad académica y la autonomía no se negocian, está diciendo algo más grande: que el poder debe tener límites. Y que todavía hay quienes están dispuestos a pagar el costo por recordarlo.
