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Alto contraste
La situación fiscal chilena es frágil. El Gobierno reconoce que en 2026-2029 los gastos ya legislados no podrán cubrirse con los tributos vigentes. Sin embargo, el 18 de agosto el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que subsidia la cadena del hidrógeno verde.
En las zonas norte y centro -donde se obtiene con energía solar- el proyecto ofrece a los futuros compradores de hidrógeno un subsidio por kilo comprado, con un tope acumulado enorme, de US$ 2.800 millones. Los compradores serían filiales de la gran minería, proveedores de metanol, amoníaco y explosivos. Pero, varios usuarios comprarían hidrógeno aún sin subsidios, para certificar su producto como verde. Los encadenamientos son ínfimos, porque producir hidrógeno y derivados demanda muy poco trabajo por unidad de activos fijos. La viabilidad del hidrógeno como fuente de energía para usos comerciales y residenciales en la zona central es dudosa.
“¿Se justifica algún apoyo al hidrógeno? Impulsar la coordinación y reducir la permisología sí; pero crear subsidios enormes, no”.
Peor, un subsidio por kilo puede dar viabilidad (rentabilidad privada superior a 10% anual real, después de pagar ese 1% para beneficio local que propone el Gobierno y el impuesto corporativo) a producciones no viables en ausencia de subsidio. Así, este subsidio puede atraer producción ineficiente o “en rojo”. El Estado financia los subsidios con más tributos. Por ejemplo, recaudar $ 1 millón adicional con IVA empobrece al resto de la sociedad en $ 1,2 millón: las distorsiones en la asignación y el aumento de evasión nos cuestan esos $0,2 millón.
Si gran parte de los subsidios a producciones en rojo llega a extranjeros, el ingreso nacional cae. Esa caída deprimiría la actividad en Chile y reduciría la recaudación de otros impuestos.
El Estado también gastaría en servicios al productor ineficiente -infraestructura portuaria y aeroportuaria, supervisión medioambiental, defensa, policía, etc.- sin que sus aportes cubran el mayor gasto fiscal.
En Magallanes, donde el hidrógeno se obtendría con energía eólica, el Gobierno ofrece 2 subsidios: (i) el mismo subsidio al comprador, por kilo; y además (ii) exención permanente del impuesto a la renta corporativa (27%) a los productores de hidrógeno.
El esquema para Magallanes genera cuatro pérdidas fiscales. Las primeras tres replican las pérdidas ya explicadas para el norte y el centro. La cuarta se debe a (ii): perder el tributo corporativo a productores que habrían operado aún sin exención del impuesto corporativo.
Sin embargo, la Dirección de Presupuestos aseveró que la pérdida fiscal en Magallanes sería cero. También omitió la atracción de producción ineficiente. Sugiero al Congreso pedir al Consejo Fiscal una evaluación independiente del impacto de este proyecto sobre la asfixia presupuestaria, especialmente en 2030–2039.
¿Se justifica algún apoyo al hidrógeno? Impulsar la coordinación y reducir la permisología sí, pero crear subsidios enormes no. En síntesis, esta apuesta de política industrial con etiqueta verde es incompatible con nuestra delicada situación fiscal, y podría empobrecer a Chile.
