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Alto contraste¿Por qué no cayó Ulloa?
JOSÉ MIGUEL ALDUNATE Director de Estudios, Observatorio Judicial
José Miguel Aldunate
Cayó Ángela Vivanco, cayó Verónica Sabaj. ¿Por qué no cayó Antonio Ulloa si sus vínculos con el abogado Hermosilla no parecen sustancialmente distintos? Es la pregunta que todos los que seguimos el funcionamiento del Poder Judicial nos hacemos hoy. En mi caso, no es un reproche retórico, sino una duda honesta.
A priori, se me ocurren dos maneras de leer lo que pasó. La peor es que Ulloa sea, simplemente, más amigo de algunos ministros de la Corte Suprema que Vivanco y Sabaj. Harto feo sería, porque significaría que las sanciones dependen de con quién se toma el café. La interpretación más amable es que su conducta fue vista como menos grave, o menos grosera, porque, al final del día, responde a una práctica habitual, casi esperada, dentro del sistema de nombramientos: mensajearse, hablar con los que deciden, construir redes, que es lo que hay que hacer si se quiere avanzar en la carrera judicial. “Cortémosla con la hipocresía”, parecerían estar diciendo los ministros en ese caso. O, como dijo alguna vez la ministra Letelier, aquí nadie llegó por obra del Espíritu Santo.
“Cada vez que los tribunales deben salir de su función jurisdiccional se abren escenarios como este, donde la independencia judicial interna queda en entredicho”.
No tengo la respuesta. Quizá sepamos más cuando se publique el fallo. Pero lo cierto es que, sea cual sea la explicación, deja al descubierto uno de los problemas más serios que arrastran nuestras cortes: tener que meterse en asuntos que no deberían ser su trabajo, como los nombramientos y la disciplina interna. Cada vez que los tribunales deben salir de su función jurisdiccional para entrar en ese terreno se abren escenarios como este, donde la independencia judicial interna queda en entredicho.
Que esto ocurre en materia de nombramientos es evidente por la propia naturaleza del caso audios. Pero miremos lo que pasa en el ámbito disciplinario. ¿No es obvio que todos los cuestionamientos a la decisión del martes surgen, justamente, porque un ministro de corte de apelaciones mantiene —como es inevitable— trato constante con los ministros de la Corte Suprema, que al mismo tiempo son quienes deben juzgarlo? Puede que ello haya pesado o no en la decisión de la Corte Suprema, pero como quiera que sea, queda la duda.
Esa duda, por sí sola, basta para dañar la confianza en la justicia. Tanto, que apenas se conoció el fallo, un grupo de diputados anunció que presentará una acusación constitucional contra el ministro Ulloa. El mensaje no podría ser más claro: no confiamos en que la Corte haya actuado con justicia.
El problema de fondo, como se ha repetido tantas veces, es la concentración de funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales en los tribunales superiores. Si el caso audios hubiera ocurrido en cualquier otro órgano autónomo o en una repartición administrativa, el escándalo habría ocurrido, pero no con la misma intensidad. Pero los jueces no son funcionarios más: su tarea es demasiado delicada para el funcionamiento de la república, porque son quienes deben juzgar el actuar de todos los demás. Precisamente por eso, no deberían ejercer ninguna otra atribución que no sea impartir justicia, ni siquiera cuando se trata de materias internas del propio Poder Judicial.
