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Alto contrasteJusticia civil: la reforma que Chile no puede seguir postergando
MACARENA ITURRA Socia de OI AbogadoS
Mucho se ha discutido en los últimos días acerca de la juventud y experiencia de quien ha sido recientemente designado por el Ministerio de Justicia para impulsar la tramitación de la Reforma Procesal Civil. Sin embargo, más allá de la persona encargada de esta tarea, existe una noticia bastante más relevante: la decisión de volver a poner sobre la mesa una reforma tan largamente postergada como necesaria.
Resulta difícil explicar que, en pleno año 2026, una parte sustancial de nuestro sistema procesal civil continúe estructurada sobre normas concebidas a comienzos del siglo XX, cuando la propia realidad judicial demuestra que buena parte de los asuntos que ingresan diariamente a nuestros tribunales corresponde precisamente a materias de justicia civil. Cifras del Poder Judicial revelan que solo en 2025 cerca de un millón de causas civiles ingresaron al sistema.
Las tímidas modificaciones al Código de Procedimiento Civil impulsadas por la ley de tramitación electrónica en el año 2015 y luego por la pandemia, nos ha permitido ir adaptando las rígidas normas procesales a las nuevas dinámicas tales como digitalización, la comparecencia remota y otras novedades que fueron incluidas por la ley N° 21.394.
“Resulta difícil explicar que, en pleno año 2026, una parte sustancial de nuestro sistema procesal civil continúe estructurada sobre normas concebidas a comienzos del siglo XX”.
Estos esfuerzos son insuficientes ante el gran número de juicios civiles que día a día ingresan al sistema judicial. Hoy los tiempos de tramitación exceden con creces un acceso de justicia efectivo y razonable. Una justicia que llega demasiado tarde corre siempre el riesgo de dejar de ser justicia.
La reforma exige revisar integralmente cómo concebimos la justicia civil: la estructura y organización de los tribunales, los procedimientos, el uso de tecnología y los mecanismos para entregar soluciones más rápidas y eficientes.
Naturalmente, una transformación de esta magnitud supone desafíos importantes. La implementación de un nuevo sistema requerirá inversión en infraestructura, tecnología, capacitación, nuevos tribunales y una adecuada dotación de jueces, funcionarios y auxiliares de la administración de justicia. Todo ello demanda recursos significativos, especialmente complejos de obtener en tiempos de estrechez fiscal.
Pero eso no puede convertirse, una vez más, en la razón para postergar indefinidamente la reforma. Al evaluar su costo también debemos preguntarnos cuánto le cuesta al país mantener un sistema de justicia civil lento, costoso y, para ciertos sectores, difícilmente accesible. La demora judicial también tiene un costo económico y social.
Chile ha sido capaz de transformar profundamente su justicia penal, laboral, de familia y tributaria. La justicia civil, en cambio, sigue esperando una modernización que lleva más de veinte años en la discusión pública sin materializarse.
Por eso, más que concentrar el debate en los nombres de quienes tienen la responsabilidad circunstancial de impulsar esta tarea, parece más importante recuperar la voluntad política para llevarla adelante.
Queda, sin duda, mucho camino por recorrer. Pero volver a instalar la Reforma Procesal Civil en la agenda constituye una señal que debe ser valorada. El desafío ahora es que no vuelva a quedar atrapada entre diagnósticos, proyectos y postergaciones.
Después de más de dos décadas de espera, la modernización de nuestra justicia civil no necesita una nueva promesa. Necesita recuperar, de una vez por todas, la prioridad que se merece.
