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Alto contrasteJusticia en crisis: lecciones para Chile del Rule of Law Index 2025
Ricardo Lillo, académico de la Facultad de Derecho UAI
justicia
La reciente publicación del Rule of Law Index 2025, elaborado por el World Justice Project, confirma una tendencia que debiera encender alertas y llamar a tomar medidas con sentido de urgencia. Por octavo año consecutivo, el Estado de Derecho retrocedió a nivel global: un 68% de los países evaluados empeoró su desempeño, cifra superior a la registrada en 2023 y 2024.
“El país muestra un retroceso significativo en justicia civil, en especial en percepción ciudadana sobre lentitud de procesos y ejecución de sentencias”.
Diversas variables contribuyeron a la baja sostenida, incluyendo debilitamiento de los contrapesos institucionales, menor acceso a información pública, baja participación cívica y avance de prácticas autoritarias. Sin embargo, uno de los ámbitos más persistentes y menos abordados es el de la justicia civil, particularmente en lo relativo a la resolución pacífica de controversias, la duración de los procesos y la influencia indebida sobre las decisiones judiciales. No se trata solo de una crisis de legitimidad, sino de desempeño.
Chile no es ajeno a este fenómeno. En línea con la tendencia global, el país muestra un retroceso significativo en justicia civil, en especial en la percepción ciudadana sobre la lentitud de los procesos y la dificultad para ejecutar sentencias. Un sistema judicial que demora en resolver y cuya eficacia práctica es cuestionada deja de cumplir su función esencial en reducir la incertidumbre y garantizar derechos de manera efectiva. Desde una perspectiva económica e institucional, esto eleva los costos de transacción, desalienta la inversión y debilita la confianza en las reglas del juego.
El Rule of Law Index muestra que, en paralelo al deterioro de la justicia civil, aumenta la disposición a resolver conflictos por vías violentas. Es una señal clara de sustitución institucional: ante la ineficiencia del Estado, emergen mecanismos informales que afectan la cohesión social y la seguridad.
Esta preocupante tendencia se observa en los resultados obtenidos por nuestro país. Los datos revelan de forma sostenida un incremento en la propensión de los chilenos a recurrir a la violencia como medio para dirimir sus diferencias y conflictos. Este fenómeno es un claro indicativo de una sociedad que, al percibir una debilidad en las instituciones encargadas de la resolución pacífica de disputas, busca soluciones por vías que comprometen la cohesión social y la seguridad pública.
En un contexto en el que hemos conocido de graves acusaciones respecto de la conducta de diversos actores vinculados al sistema de justicia, urge un debate sobre el tipo de reformas necesarias dirigidas a mejorar la confianza de la ciudadanía.
La crisis de la justicia civil no es solo un problema del Poder Judicial, sino un riesgo para el funcionamiento del Estado de Derecho y para el desarrollo económico. En la actualidad, recuperar eficiencia, independencia y credibilidad no es una demanda corporativa o un lujo en un contexto de necesidades, es una condición básica para la estabilidad institucional del país.
