Embestida internacional en contra de la corrupción
Un reciente reportaje del Financial Times advertía que Estados Unidos estaba aplicando cada vez con mayor rigor y frecuencia las disposiciones legales que prohíben y castigan el cohecho a nivel corporativo...
- T+
- T-
Karen Poniachik
Un reciente reportaje del Financial Times advertía que Estados Unidos estaba aplicando cada vez con mayor rigor y frecuencia las disposiciones legales que prohíben y castigan el cohecho a nivel corporativo, en especial las contenidas en la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (conocida por sus siglas FCPA). Lo mismo ocurre en el Reino Unido, donde acaba de entrar a regir una draconiana norma que va en línea con la Convención Anti-Soborno de la OCDE y que afecta a las compañías británicas -así como a las no-británicas que hagan negocios en ese país-, sin importar el lugar geográfico en el que se cometa el delito.
El Departamento de Justicia y la SEC crearon unidades exclusivamente dedicadas a indagar las prácticas corporativas relacionadas con el cohecho. En conjunto, han investigado y/o procesado más de 200 casos en lo que va de 2011 (en comparación con 74 en 2009 y 12 en 2004). El fisco estadounidense ha recaudado casi US$ 3 mil millones por concepto de multas asociadas a estos ilícitos en el último trienio. Entre ellas, US$ 10 millones que IBM pagó para que el gobierno no siguiera investigando las supuestas coimas que el gigante tecnológico le habría transferido a funcionarios chinos y coreanos en la forma de viajes de lujo y de bolsas repletas de dinero.
A fines de 2010, la francesa Alcatel-Lucent canceló US$ 137 millones a cambio de que las autoridades estadounidenses se desistieran de investigar sobornos aparentemente cometidos en Asia y América Latina. Royal Dutch Shell y otras cinco compañías petroleras y de transporte desembolsaron
US$ 237 millones para que los reguladores desestimaran una inquisición en torno supuestas a coimas pagadas en más de diez países. Y en febrero de este año, Tyson Foods indemnizó con US$ 5,2 millones al fisco para resolver un caso relativo a pagos ilegales a inspectores locales efectuados por los empleados de una subsidiaria que procesa pollos en México.
Los actos de beneficencia también están bajo la lupa: hace algunos años, una filial de Schering-Plough contribuyó con US$ 76 mil a una fundación cuya misión era preservar castillos en la región polaca de Silesia. El directivo máximo de la entidad resultó ser también el encargado de adquirir los medicamentos para los hospitales de la zona y, tras investigar el caso, la SEC determinó que las donaciones fueron destinadas a asegurar un trato favorable.
Es muy probable que el número de denuncias e investigaciones sobre corrupción y cohecho a nivel corporativo se incrementen en el marco de la entrada en vigencia de la Ley Dodd-Frank. Esta establece que todo aquél que entregue “información original” que conduzca a una sanción por infringir la FCPA podrá recibir entre 10% y 30% del monto de la multa como recompensa.
Transparencia Internacional, institución que realiza un seguimiento a cómo se ejecuta la Convención de la OCDE en los países adherentes, acaba de publicar un documento que debería preocuparnos: Chile aparece entre las naciones con poca o nula aplicación de las normas asociadas a este cuerpo legal. Se informa de sólo dos investigaciones en curso pero no se entregan detalles (aunque, según ha trascendido en la prensa, una abarcaría las operaciones de Lan en Argentina).
Es crucial que las empresas privadas y del Estado avancen en la adopción de modelos de prevención del cohecho en el marco de lo sugerido por la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas promulgada a fines de 2009. Este modelo conlleva la designación de un encargado de prevención con recursos y facultades para identificar actividades o procesos en los cuales se genere o incremente el riesgo de cometer este delito. El encargado de prevención, en conjunto con la administración, deberá establecer un sistema que le permita a la empresa recibir un certificado que estipule que ha implementado y adoptado el modelo. En un contexto de creciente fiscalización nacional e internacional, las empresas que estén certificadas estarán mejor posicionadas para operar en otros mercados y enfrentarán menos riesgos en esta materia.