La falacia de los recursos

Nuevamente estamos frente a una discusión presupuestaria y otra vez el gobierno quiere gastar más que lo que recauda. La razón es la misma de siempre. Faltan recursos para que el Estado pueda cumplir con su noble labor de resolver todos los problemas del país. Como si no fuera poco el crecimiento de 10% del gasto público del año en curso, ahora se propone un crecimiento “austero” de 4,4% para el 2016.

Pero más allá de las cifras, lo interesante es la justificación. Se nos dice, casi como algo incuestionable, que el Estado requiere más recursos ya que sin ellos, habrán muchas necesidades insatisfechas y nuestros compatriotas quedarán en el desamparo más absoluto. ¿Quién podría entonces negarle los recursos que el Estado necesita para sus actos filantrópicos?

Así, el presupuesto siempre crece y pocos levantan la voz para decir algo que es evidente: La necesidad continua de mayores recursos por parte del Estado es una gran falacia. La restricción activa del gobierno, y del Estado en sentido más amplio, para producir bienes públicos no son los recursos. Es la incapacidad de realizar su labor en forma razonablemente eficiente.

Si el problema fuera tan fácil como allegar más recursos al gobierno, Venezuela debería ser el país con los mejores servicios públicos del mundo, y Chile debería tener hoy servicios públicos muchísimo mejores que el año 2005, cuando su presupuesto era la mitad del actual. Pero ninguna de las dos cosas ha ocurrido, por lo que lamentablemente el problema no es tan simple y por ello no se resuelve tirando siempre más recursos al hoyo insaciable del Estado.

Una prueba irrefutable de lo anterior es lo ocurrido durante el presente año. El gasto público ha crecido en un 10% y los efectos en bienestar para el chileno promedio son nulos. Salvo los miles de chilenos que han sido contratados por el gobierno, dudo que el resto haya visto mejoradas en un 10% sus prestaciones públicas o haya visto incrementadas en igual medida las transferencias.

¿De dónde proviene esa incapacidad para producir bienes públicos en forma eficiente? En mi opinión de múltiples dificultades, que pueden simplificarse en dos conceptos: falta de incentivos y captura. El aparato estatal tienen un serio problema de falta de incentivos correctos. Al no existir líneas de mando ni responsabilidades claras, no existe el concepto real de rendición de cuentas, y por lo tanto no hay incentivos para administrar en forma correcta. Basta para ello con decir que la medida del éxito en el sector público es “ejecutar el presupuesto”… es decir, gastar la plata. ¿Se imaginan cuánto duraría una empresa cuya medida de gestión consista en ser capaz de gastar el presupuesto del año?

Pero el problema de incentivos es más complejo que la simple medición de gestión. Tiene que ver con problemas de prioridades políticas, transparencia, recursos humanos, entre otros. Es un tema complejo, sin dudas, cuya solución no es única y requiere mucho consenso y múltiples reformas, ninguna de las cuales están hoy en la carpeta de prioridades del actual gobierno. Pero una cosa es clara, la solución no pasa por mayores recursos.

Por su parte, el problema de la captura es probablemente una consecuencia de todo lo anterior. Para graficarlo basta recordar el episodio del millonario bono de Banco Estado a sus funcionarios, o la captura permanente del gobierno de manos de grupos de presión como la CUT o el Colegio de Profesores.

Dado lo anterior, si bien uno puede entender que el gobierno, dadas sus conocidas limitaciones, intente resolver sus dificultades siempre con mayores recursos, uno esperaría algo más de debate al respecto. La discusión no debiera centrarse sólo en cómo se asigna el mayor presupuesto, sino que en la conveniencia de que éste crezca más allá de lo que crece la recaudación, y en exigir una real evaluación de la efectividad del gasto público.

Cuando existe consenso que hacia delante la única receta para tener un mayor crecimiento será a través de mejorar la productividad del país, es hora de que empecemos a poner el foco en la productividad del Estado, que gasta más del 20% del producto interno y cuyo presupuesto crece año a año, sin mayor control y sin ningún debate real respecto a qué estamos recibiendo los chilenos a cambio.